Reino Unido amplía la detención sin cargos por terrorismo a 42 días

Gordon Brown se salvó ayer por los pelos de un tropiezo parlamentario mayúsculo. Los Comunes aprobaron por 315 votos a 306 su propuesta de ampliar de 28 días a 42 el periodo de detención preventiva sin cargos de los sospechosos de terrorismo. A pesar de varias semanas de intensa presión sobre los rebeldes laboristas que se oponían a la medida, anoche se estimaba que hasta 37 votaron contra su Gobierno. Brown se salvó gracias a los nueve votos del partido unionista norirlandés, que negocia un paquete económico con el Gobierno.

Un alto funcionario pierde documentos secretos sobre Al Qaeda en un tren

En cierto modo, Brown se salvó de una crisis de consecuencias impredecibles gracias a su debilidad. El catastrófico rumbo de su Gobierno y el auge imparable de los conservadores facilitó el trabajo de los whips (látigos; los cuadros del partido encargados de imponer la disciplina de voto) para convencer a los diputados más dubitativos de que no era el momento de provocar una derrota del Gobierno.

Pese al empeño de Brown en sostener que es una medida imprescindible para luchar contra el terrorismo, los tories, los liberales-demócratas y muchos laboristas creen que es un ataque a una tradición de libertades individuales. "Hace casi 800 años que la Carta Magna consagra el derecho a no ser mantenido preso sin cargos", subrayó uno de los rebeldes laboristas, Frank Dobson.

El Gobierno ha hecho numerosas concesiones en las últimas semanas. La más importante es que la detención por 42 días no se podrá aplicar de manera automática, sino que antes el responsable de Interior tiene que declarar que se da una situación de "amenaza terrorista excepcional grave". Ha de informar al Parlamento en 48 horas y éste ha de dar su visto bueno en una semana. El periodo de situación excepcional se ha reducido de 60 días a 30. El portavoz de Brown desmintió que se vaya a compensar con 3.000 libras diarias (3.800 euros) a quienes superen los 28 días de detención y no sean luego acusados de terrorismo.

Pese a su victoria parlamentaria, el Gobierno vivió un considerable bochorno cuando, minutos antes de que empezara la votación, la BBC reveló que un muy alto cargo de los servicios secretos había extraviado unos documentos ultrasecretos sobre Al Qaeda, que fueron encontrados por un viajero en un tren.

La detención preventiva se aumentó en el año 2000 de 48 horas a una semana; en 2003, se dobló a dos semanas; y en 2006, a cuatro semanas, pero entonces los Comunes rechazaron una propuesta de Tony Blair para fijarlo en 90 días. Muchos opinaban que aumentarlo ahora a seis semanas era innecesario y que Brown lo ha impulsado por mero populismo y para acusar a los tories de debilidad en la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno ha argumentado que la policía y los servicios secretos le apoyan, pero ésa es sólo una verdad a medias: los servicios secretos no han pedido la medida, y, aunque el jefe de la Asociación de Jefes de la Policía y el de la Policía Metropolitana la apoyan, muchos jefes policiales han cuestionado su necesidad y eficacia.

Los críticos sostienen que va a ser interpretada como una afrenta por la comunidad musulmana, víctima en los últimos años de numerosas detenciones preventivas que nunca han acabado en procesamiento. El Gobierno responde que eso se debe en parte a que la policía no ha tenido tiempo para acaparar pruebas suficientes, pero hasta ahora sólo en seis ocasiones se ha agotado el plazo de 28 días vigente. De los cinco detenidos por un caso que está en los tribunales, sólo dos han sido procesados. Y el sexto ha acabado siendo procesado por algo que no tenía que ver con su detención.

También argumentan los críticos que hay posibilidades alternativas, desde permitir a la policía que siga interrogando a los sospechosos una vez que se han presentado cargos contra ellos (como ocurre en la mayoría de sistemas judiciales europeos), permitir el uso de las pruebas de espionaje acumuladas contra los sospechosos (a lo que se oponen los servicios secretos para protegerse) o rebajar el nivel de evidencias necesario para presentar cargos, opción que hubiera sido mucho más polémica.