Los promotores consideran insuficiente el plan de Zapatero

El Gobierno ya se atreve a hablar de crisis; pero si hay un sector que en los últimos meses se ha acostumbrado a utilizar esta palabra, con todos sus sinónimos, es el inmobiliario. Los empresarios del ladrillo han acogido con ambivalencia el informe presentado el lunes por José Luis Rodríguez Zapatero. Consideran que las medidas de ajuste contra el frenazo anunciadas por el presidente van en el buen camino, pero no son suficientes.

"Todo lo que dijo el presidente me parece correcto, pero echo en falta actuaciones para que desbloqueen el acceso al crédito en los mercados financieros, que es la principal causa de nuestros problemas", aseguró Pedro Pérez, secretario general del G-14, el lobby que aglutina a las principales inmobiliarias.

Pérez, antiguo alto cargo en los Gobiernos socialistas de Felipe González, considera que la ampliación de hasta 40.000 millones de euros en las líneas del ICO para financiar pymes y viviendas de protección oficial no es suficiente. Y pide al Ejecutivo que tome más medidas para reducir las tensiones crediticias.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cree que el plan va "en la dirección correcta". "Respecto a la intensidad de las medidas, a mí me gustaría que fueran más osadas o más intensas, pero están bien orientadas". Tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ordóñez fue más tajante al pedir que el Ejecutivo no tome ninguna medida "que ponga en duda la solvencia de la economía española en los mercados internacionales". No aclaró a qué se refería, pero apuntó a "medidas proteccionistas".

Fomento del alquiler

Sí tiró de las orejas al presidente Zapatero por no haber incluido en su plan un tema "imprescindible": el fomento del alquiler para suavizar el ajuste inmobiliario. El gobernador cree que hay que fomentar el alquiler porque muchos españoles que han invertido sus ahorros en una vivienda ahora no la pueden vender. A la vez, otros que no pueden comprar se verían beneficiados si encontraran una buena oferta de alquiler. También pidió más flexibilidad en los contratos para que los arrendadores "no estén enganchados al inquilino".

Por otra parte, los sindicatos mostraron su disgusto por la reducción del 70% de la oferta pública de empleo para 2009. "Aumentará la precariedad del empleo y se resentirán los servicios públicos", pronosticó la responsable de UGT de Administración del Estado, Yolanda Palomo. CC OO también critica que el Gobierno reduzca la oferta de empleo público sin negociar antes la medida.

La reacción de las comunidades autónomas ha sido dispar. Andalucía mantiene ligados los salarios de sus altos cargos a los de la Administración central, por lo que si éstos se congelan, los andaluces también lo harán. País Vasco, por su parte, avisó de que no va a reducir el empleo público, ni el gasto corriente ni a congelar los salarios. Hace meses que Cataluña y la Comunidad Valenciana adoptaron medidas de austeridad en sus cuentas públicas.