El fiscal urge al Poder Judicial para que sancione a Tirado

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas para que los errores cometidos por el juez de lo Penal de Sevilla Rafael Tirado -que no logró encarcelar al presunto asesino de Mari Luz Cortés antes de que acabara presuntamente con la vida de la niña- no queden sin castigo. La investigación contra el magistrado caduca el próximo 6 de octubre al cumplirse seis meses desde que el Consejo ordenó que se iniciara.

El número dos de la carrera fiscal, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, envió a la presidenta de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, la progresista Montserrat Comas, un escrito en el que recuerda "que resta solamente un mes para el vencimiento del plazo" para sancionar al titular del Juzgado de lo Penal 1 de la capital andaluza, que no logró enviar a la cárcel a Santiago del Valle a pesar de que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija.

El escrito pide a la comisión disciplinaria -la que sanciona las faltas de carácter grave- que "adopte las medidas que estime oportunas a fin de evitar la caducidad del expediente" que, en caso de que el Consejo no actúe, se produciría el 6 de octubre. Si, transcurrido ese plazo no hay sanción para Tirado, el juez quedará sin castigo.

La fiscalía solicitó el pasado 14 de agosto a la comisión disciplinaria que Tirado sea castigado como autor de una falta muy grave de desatención (que llevaría aparejada la suspensión, el traslado forzoso o la separación definitiva de la judicatura) en lugar de simplemente una grave de retraso injustificado, como propone el instructor del expediente, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, que solicita para el juez una multa de 1.500 euros. El escrito enviado ayer a Comas recuerda, además, que el expediente contra Tirado se inició "por falta muy grave".

Pero a cinco días de que se analice el caso, la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces parece más inclinada a aceptar el criterio del instructor -que resta gravedad a los errores de Tirado culpando a la secretaria judicial y a los funcionarios que tramitaron el caso- que el del fiscal.

La segunda opción, menos probable, es que el expediente se devuelva al instructor para que proponga una sanción muy grave. Fuentes del Consejo aseguran que, a pesar de la cercanía de la fecha de caducidad, aún queda tiempo para esta posibilidad.