Padre denuncia a padre

Padres que se empadronan en una plaza de garaje a cinco kilómetros del domicilio familiar, pero a 50 metros del colegio que quieren para sus hijos; matrimonios bien avenidos que fingen o incluso llevan a término un divorcio para que la solicitud de escolarización del niño tenga los puntos extra por familia monoparental; padres que a la vez que presentan un certificado de incapacidad laboral permanente alegan trabajar al lado del centro en el que quieren inscribir al hijo. La picaresca para conseguir plaza en algunos colegios se salda cada año con cientos de denuncias por fraude que en muchos casos acaban en los juzgados y con el niño expulsado del centro en el que había sido indebidamente admitido.

Sólo en Andalucía se han registrado 1.315 reclamaciones por fraude

La picaresca suele estar relacionada con el domicilio, los divorcios y la renta

Sólo en Andalucía, la Junta ha registrado este año 1.315 reclamaciones, en la mayoría de los casos de padres cuyos hijos se quedaron fuera del colegio que querían. Según los datos aportados a este periódico por las delegaciones provinciales de Educación, a partir de estas denuncias se han detectado 337 fraudes. En todos los casos, el engaño ha obligado a volver a baremar a los alumnos cuyos padres mintieron y restarle los puntos que habían obtenido de forma fraudulenta.

Pedro Rascón, presidente de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres) afirma que la picaresca se da por toda España pero que es muy difícil contabilizar el número de casos. Por ejemplo, en Barcelona el año pasado hubo una sentencia judicial contra un colegio que había contratado a padres por dos meses para que sus hijos obtuvieran los puntos que se dan a los niños cuyos padres trabajan en la escuela. "En las escuelas públicas se comenten menos fraudes porque hay más transparencia. Es en las concertadas donde más se da". En la capital andaluza, han sido este año 46 los centros afectados (38 concertados y 8 públicos)

hasta el punto de que el delegado provincial de Educación, Jaime Mougán, ha calificado de "preocupante" la situación por el retraso que ocasiona en el proceso de escolarización y el "colapso" en las tareas de la policía autonómica.

Rascón asegura que el sistema se enfrenta a dos problemas: "Por un lado los colegios concertados tienen sistemas muy opacos y difíciles de vigilar. Por el otro, muchos padres no denuncian las irregularidades porque temen que sea eso lo que impida a sus hijos el acceso al colegio. Si las autoridades se involucraran en serio encontrarían mucha tela que cortar". Corresponde a cada comunidad autónoma promover la investigación de los engaños. "Sólo los más flagrantes acaban siendo investigados por la Alta Inspección Escolar", afirma un portavoz del Ministerio de Educación.

Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de baremación para regular el acceso a los centros públicos y concertados. La mayoría prima la cercanía del colegio al domicilio familiar y, en menor medida, al trabajo de uno de los padres. Los hijos de familias numerosas, menor renta, con otro hermano que ya estudie en el centro o que padezcan alguna discapacidad suelen obtener también puntos extra. En algunos casos, como el actual sistema de baremación andaluz se bonifica también a los hermanos de partos múltiples o a los hijos de familias monoparentales, lo que ha generado en los dos últimos cursos denuncias contra padres que recurrieron a un divorcio exprés aunque siguieron conviviendo.

No obstante, más de la mitad de los engaños se cometen en el apartado de domicilio familiar: desde el peculiar empadronamiento en un garaje, a padres que llegan a alquilar un piso cerca del colegio que quieren y que, para evitar ser denunciados, incluso se mudan a él hasta que el niño es definitivamente admitido.

Estas situaciones han dado lugar a que padres cuyos hijos se han quedado sin plaza contraten a abogados y detectives para destapar trampas de familias rivales.