Guía de los juicios más esperados de la Costa

Malaya, Hidalgo, Ballena Blanca, Troya, Astapa... Estos nombre en clave han marcado la actualidad en la Costa del Sol durante el último lustro. Los grandes sumarios judiciales contra la corrupción y la delincuencia organizada forman una maraña por la que resulta difícil orientarse. Lo que sigue es una guía práctica para conocer el estado actual de una decena de estas causas, todavía pendientes de juicio.

Uno de los guardias imputados por la trama del aeropuerto ya ha fallecido

"La instrucción del 'caso Nilo' duerme el sueño de los justos", afirma un abogado

Caso Malaya Un mes a tiempo completo

La gran causa iniciada en noviembre de 2005 por el magistrado Miguel Ángel Torres contra la corrupción en Marbella es, sin duda, la más compleja. En las tres grandes fases de detenciones de la operación -marzo, julio y noviembre de 2006- fueron detenidas casi cien personas, encabezadas por el ex asesor de Urbanismo municipal Juan Antonio Roca, a quien el juez considera verdadero alcalde en la sombra de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil. Finalmente, el juez Torres procesó a 86 personas, entre ellas 20 ex concejales, y fijó fianzas de responsabilidad civil por 5.000 millones de euros.

La causa principal, sobre la "estructura criminal" que tenía como objetivo "el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos", está pendiente de que el nuevo juez instructor, Óscar Pérez, dicte el auto de conclusión del sumario, que supera los 40.000 folios, para que la Audiencia Provincial de Málaga pueda dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de calificación. El fiscal anticorrupción de Málaga encargado del caso, Juan Carlos López Caballero, calcula que la redacción de su escrito le llevará "al menos un mes a tiempo completo". López Caballero tiene intención de empezar a escribir antes de fin de año para ganar tiempo.

Del núcleo central del caso Malaya se han desgajado al menos seis piezas separadas, que se juzgarán aparte. Dos de ellas tienen que ver con el ex alcalde Julián Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. En el procedimiento está implicada la tonadillera Isabel Pantoja y su ex mujer Mayte Zaldívar.

Caso Alhaurín Una causa, cuatro jueces

El 18 de enero de 2007, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del PP, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en Marbella tras asistir a un mitin de Mariano Rajoy. La policía y la Fiscalía Anticorrupción les acusaban de exigir 121.600 euros de comisión a cambio de no paralizar las obras de un promotor del pueblo. Durante los registros policiales, al regidor se le intervinieron 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal. En una segunda fase, en junio de 2007, fueron arrestados 19 empresarios locales, acusados de pagar comisiones a cambio de licencias de obra. La tramitación de la llamada Operación Troya se ha ralentizado por el hecho de que han sido cuatro los jueces que han llevado adelante la investigación. La instrucción sigue abierta a la espera de que el juez cierre las diligencias previas y decrete la apertura de juicio oral.

Policías de Ronda Sigue la instrucción

Siete agentes de Policía Nacional de Ronda, entre ellos el inspector jefe al cargo de la comisaría, fueron detenidos en febrero de 2007 tras varios años de pesquisas de Asuntos Internos por supuestamente cobrar a las prostitutas extranjeras por arreglarles los papeles y avisar a los dueños de clubes de las redadas, a cambio de dinero o de relaciones sexuales con las chicas. Tres de los detenidos ingresaron en prisión preventiva. El pasado julio, el juez instructor ordenó la celebración de unos careos.

Guardias Civiles del aeropuerto Calificación próxima

En febrero de 2006, 19 agentes de la Guardia Civil destinados en las aduanas del aeropuerto de Málaga fueron arrestados por reclamar supuestamente cantidades económicas a cambio de "omitir o agilizar" los trámites de inspección de maletas. Los detenidos, casi la mitad de la plantilla de la Sección Fiscal del aeródromo, se cebaban en los ciudadanos chinos, a los que exigían 50 euros por no retenerles el equipaje. Cinco agentes ingresaron en prisión por aquellos hechos, cuya calificación fiscal está próxima a conocerse, según fuentes de la defensa. De los 19 agentes detenidos, "dos o tres" han vuelto al servicio y el resto está de baja por depresión. Hace tres semanas, uno de los implicados en el caso, de 52 años, falleció. Las defensas han interpuesto gran cantidad de recursos durante la instrucción. Sin embargo, el Tribunal Supremo malbarató una de las principales líneas de defensa al considerar válidas las grabaciones realizadas en los cuartos de cacheo del aeropuerto.

Caso Udyco Secreto levantado

El caso de los cuatro policías de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) que supuestamente sustrajeron objetos intervenidos en el registro al chalé de un narcotraficante, como una televisión de plasma de 42 pulgadas y una riñonera con 1.000 euros en metálico, continúa en fase de instrucción, aunque el juez ha levantado totalmente el secreto del sumario. Las defensas están esperando a que el magistrado les entregue un disco compacto con las escuchas realizadas por Asuntos Internos.

Policías del CIE de Málaga Pendientes de Honduras

Uno de los escándalos de corrupción policial más serios que se han visto en Málaga ocurrió tras las paredes del centro de internamiento de extranjeros. Allí, en julio de 2006, siete policías fueron detenidos por celebrar fiestas con las mujeres inmigrantes custodiadas como paso previo a su expulsión. Tres de ellos ingresaron en prisión acusados de abusos sexuales a seis internas. El resto quedó imputado por no hacer nada por evitar la conducta de sus compañeros. Una de las mujeres, embarazada de tres meses y medio, sufrió un aborto. El escándalo costó el cese al director del CIE. De las seis internas que denunciaron abusos, al menos cuatro fueron expulsadas a sus países durante la instrucción. Ahora, la tramitación se encuentra estancada a la espera de que Rusia y Honduras localicen a las víctimas de los supuestos abusos para que testifiquen desde su país. El juzgado de Instrucción número 9 de Málaga emitió las comisiones rogatorias el pasado febrero y todavía no se sabe cuándo serán respondidas. Fuentes de las defensas calculan que una vez recogido el testimonio de las dos expulsadas se tardará un mes más en que el juez dicte el paso a procedimiento abreviado y las distintas partes puedan presentar los escritos de calificación.

Operación Nilo Más de un año de retraso

La expulsión a su país de origen de gran parte de los imputados está entorpeciendo la tramitación judicial de la llamada Operación Nilo, uno de los mayores despliegues policiales contra un grupo de delincuentes organizados de la historia de España, con 300 detenidos en un mismo día, suficiente para llevar el colapso a la prisión de Alhaurín de la Torre. La operación contra la estafa de la lotería nigeriana fue desarrollada en julio de 2005 por el grupo de Fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga, y se calcula que unas 60.000 personas en todo el mundo sufrieron estafas gracias al envío masivo de cartas en las que se informaba al destinatario que le había tocado un premio de la lotería española y se le pedía una cantidad de dinero para tramitar el cobro. La causa acarrea, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, más de un año de retraso derivado, en parte, por la pretensión del juzgado de Instrucción número 6 de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía malagueña recurrió esta inhibición y la Audiencia Nacional decidió el regreso de la causa a Málaga. Además, desde enero de 2007 se han enviado comisiones rogatorias a Nigeria para localizar a varios de los imputados. "La instrucción está durmiendo el sueño de los justos", asegura el abogado de dos imputados expulsados a Nigeria. Los tres fiscales anticorrupción tienen previsto trabajar en el escrito de calificación.

Ballena Blanca La única calificada

Sólo una de las grandes causas judiciales abiertas en Málaga en los últimos años cuenta ya con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Se trata de la Operación Ballena Blanca, destapada en marzo de 2005 y uno de los casos de blanqueo de capitales más famosos de España. El pasado septiembre, el fiscal Juan Carlos López Caballero entregó en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el escrito en el que detalla la trama organizada para supuestamente blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de grupos del crimen organizado a través del despacho de abogados que dirigía Fernando del Valle. Entre los 21 imputados figuran dos notarios, el equipo de Del Valle y varios de sus clientes. El abogado chileno, según el fiscal, tenía participaciones en 194 sociedades extranjeras, la inmensa mayoría de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales. Tras la presentación de la calificación del fiscal, le llega el turno al juez instructor de decretar la apertura de juicio oral.

Caso Hidalgo Juzgado colapsado

El otro gran caso de blanqueo en la Costa del Sol, la llamada operacion Hidalgo, se ha estancado. Desde julio, fecha en la que el juez Francisco de Urquía fue apartado por su implicación en un proceso derivado del caso Malaya, han ocupado y abandonado el sillón del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella dos jueces. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, y 60 automóviles de lujo, además de joyas, una cantidad superior a la incautada en la Operación Ballena Blanca. El caso Hidalgo, centrado en el despacho del abogado Rafael Cruz-Conde, le ha generado a Urquía su segunda imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El magistrado apartado y otras dos personas están acusados de exigir dinero a varios de los imputados en el caso Hidalgo por sacarles de la cárcel o levantar un embargo judicial.