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La jefa de la trama de Baleares enterró una fortuna en su jardín

Enviado a prisión un ex director general de Industria

El botín estaba oculto en el jardín de su casa. Una de las pruebas de la corrupción de la última trama destapada en Baleares fue hallada ayer por la tarde bajo tierra en una bolsa de basura, con 240.000 euros. Es una parte del fruto de los cohechos de la malla de malversación que urdió Antònia Ordinas, ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB) del Gobierno balear del PP de Jaume Matas (2003-2007), junto con su esposa, la soprano Isabel Rosselló.

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La caja fuerte era un cajón de madera en cuyo interior había una bolsa de plástico de residuos donde la pareja guardaba una parte del más de millón y medio que pudieron lograr manipulando las cuentas del consorcio público. Ordinas, ex librera y escritora, dejó en el consorcio un agujero de impagados de 3,5 millones y un déficit de ocho millones sobre un presupuesto de 13.

Además, la ex gerente del CDEIB dejó el rastro manuscrito del origen de las supuestas comisiones, con detalles de las mordidas y su destino. En cuentas bancarias se han localizado movimientos sospechosos por más de un millón de euros.

Hasta cinco militantes del PP relacionados con el escándalo han sido expedientados, entre ellos un ex director general balear de Industria, Kurt Joseph Viaene, que anoche declaraba por segunda vez ante el juez. También han sido detenidas 15 personas, que están imputadas en la red adjudicaciones. El mayor gasto en el CDEIB figuraba en supuestos estudios, análisis de mercado (120 informes) y numerosos trabajos en ferias y publicidad. Ordinas creó una malla de socios y amistades que monopolizó los contratos.

Un solo empresario, el publicitario Joan Rosselló, amigo y editor de tres libros de la mujer, logró 5,5 millones en adjudicaciones directas en cuatro años. Dijo al juez que pagaba comisiones a Ordinas y que ésta le aseguraba que una parte de lo recaudado eran fondos para el PP. Media docena de consultores y agentes asociados a ella en la firma Active Statregies cobraron cada uno entre 500.000 euros y 2,3 millones por contratos oficiales. Un comerciante confesó que actuaba con su compañía como un simple hombre de paja de la gerente, que así se contrataba a sí misma.

Las dos mujeres que lideraban el operativo asumieron ayer de hecho la carga central de la acusación, confesaron su actividad delincuente y desvelaron dónde guardaban algunos frutos de sus operaciones económicas ilegales. La estrategia de la defensa intenta explotar su disposición a devolver parte de lo sustraído.

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