La juez del 'caso Hidalgo' reactiva la investigación contra los notarios

Los cambios de juez en el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol están haciendo que los implicados en esta causa no ganen para sustos. Los últimos en recibir un sobresalto han sido los cuatro notarios a los que el anterior juez instructor Manuel Martín Hernández-Carrillo, retiró los cargos hace cerca de un año al considerar que "no habían tenido participación en las conductas que motivan la causa".

La juez María Jesús del Pilar Márquez, quinta instructora del caso, acordó volver a imputarlos el pasado 12 de noviembre. Con esta decisión se investigará más a fondo su participación en las 800 sociedades creadas por el despacho de abogados Cruz-Conde y que la policía vincula al blanqueo de capitales. Los notarios recurrirán la nueva imputación en la Audiencia Provincial de Málaga.

El fiscal recurrió hace un año el sobreseimiento de los fedatarios

La juez Del Pilar ha estimado íntegramente un recurso de reforma del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero contra el sobreseimiento de los fedatarios acordado por el anterior juez el 18 de diciembre de 2007. El juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha tardado tanto tiempo en resolver este recurso porque ha estado los últimos diez meses sin titular.

El caso Hidalgo adquirió relevancia por la magnitud de los bienes incautados -según la Policía superaba con creces a la operación Ballena Blanca, la otra gran causa contra el blanqueo de capitales de Marbella- pero también porque le ha generado a su principal instructor, el juez Francisco de Urquía, su segunda imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A pesar de estar separado cautelarmente de la carrera judicial, el juez De Urquía conserva su plaza en el juzgado mientras no haya sentencia firme de los dos procedimientos en los que está imputado. Por el juzgado, que acumula un gran colapso, han pasado cuatro jueces en comisión de servicio en año y medio.

El TSJA condenó a Urquía el pasado agosto a dos años de prisión por un delito de cohecho derivado del caso Malaya. El magistrado tiene pendiente de celebrar un juicio sobre la puesta en libertad de tres implicados del caso Hidalgo que supuestamente pagaron 60.000 euros a un amigo de Urquía para conseguir favores judiciales.

La nueva instructora también ha modificado la situación de dos familiares de los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzmán de la Calle y de tres empleados de los despachos investigados. Sus cargos, que habían sido archivados de forma definitiva, han pasado a sobreseimiento provisional.

Los notarios que vuelven a estar implicados son Joaquín María Crespo, Mauricio Pardo, Amelia Bergillos y Manuel Tejuca, este último ya jubilado.

El juez Martín, que los sacó del proceso, estimó que habían participado en la constitución de sociedades que, según los investigadores, resultaban "imprescindibles" para ocultar los capitales ilícitos. Sin embargo, el anterior instructor no encontró "en modo alguno, la existencia de connivencia con los sujetos que constituían las sociedades".

El juez Martín incidió en que las sociedades se habían constituido en un periodo relativamente amplio y que algunas eran de antes de 1993, fecha en la que entró en vigor la ley que obligaba a los notarios a notificar cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales. Amelia Bergillos tramitó 27 sociedades entre 1982 y 2006; Joaquín Crespo, 15 entre 1997 y 2005; y Manuel Tejuca actuó en más de 130 sociedades, la mayoría (86) en 1992. Mauricio Pardo gestionó unas 150 entre 1997 y 2005.

Los investigadores creen que los notarios han incumplido de forma sistemática la normativa de prevención de blanqueo; y que han ignorado datos sospechosos como apoderamientos a personas no residentes, aportaciones de capital en efectivo de paraísos fiscales o existencia de sociedades opacas.