"Nuestra medida es legal, no temo represalias"

El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa (Madrid, 1968), se ha convertido en protagonista de la batalla que enfrenta a los magistrados con la Junta por la sobrecarga de trabajos y la falta de medios. Una lucha con la sombra del escándalo del caso Mari Luz y la sanción al juez Rafael Tirado al fondo. Rabasa es juez de Menores y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Directo y, en ocasiones, crudo en sus afirmaciones, echó más leña al fuego al declarar, que en 2009, iba a señalar la mitad de juicios: "Y esto, en dos años, revienta".

Pregunta. ¿Qué quiso decir "esto, en dos años, revienta"?

Respuesta. La extracción de frases fuera de contexto puede trasmitir una idea diferente. Parece que he dicho algo así como que nosotros vamos a reventar esto. Y eso no es así. Revienta la situación, no es que nosotros reventemos nada. En la junta de jueces, lo que hemos acordado es que vamos a trabajar a módulo. Eso significa que no vamos a trabajar más de lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos dice que es lo máximo exigible. Así, se puede pasar un determinado número de asuntos de los que entran y más allá de eso no vamos hacerlo, porque el CGPJ dice que es inexigible al juez. Como efecto, a la hora de celebrar un número determinado de juicios, en juzgados ya colapsados y saturados, se produce un distanciamiento de los señalamientos. Y eso, al cabo de un tiempo, produce un colapso.

P. ¿Hay una lectura positiva?

R. Sí. Pero insisto en que nosotros no vamos a reventar ningún sistema, lo que vamos a hacer es apretar para que el sistema mejore. Esa es la lectura positiva. Cuando me refiero a reventar quiero decir que si se produce una situación insostenible, evidentemente se tendrá que preocupar alguien, el que tenga la competencia y la función de mantener esto adecuadamente.

P. ¿Por qué marcó un plazo de dos años hasta el colapso?

R. Yo hablé de dos años haciendo un cálculo. Si en Penal se está con 900 asuntos, cuando el módulo es de 450, habrá 450 para el año que viene. La pelota se iría agrandando y en un tiempo (dos, tres cinco años) se colapsaría, porque se van acumulando los asuntos. Un colapso que queremos que tenga una lectura positiva. Somos un cuerpo acreditado de trabajadores. No tenemos intención de tirar ninguna bomba dentro del Estado.

P. El 21 de enero tienen una nueva junta de jueces provincial, ¿se plantean medidas más drásticas, aparte de esta huelga de celo?

R. En el orden del día no aparece nada. Pero quiero insistir en que esto no es una huelga de celo. Yo no lo llamo huelga.

P. ¿Cree que los magistrados tienen derecho a la huelga?

R. Hay que ir con mucho cuidado en este asunto. No somos funcionarios cualesquiera. Y tenemos que ir dando pasos de oso, bien meditados.

P. Fuentes del CGPJ han dicho que no aceptarán acuerdos ilegales y que adoptarán medidas disciplinarias si se dan.

R. No tememos represalias porque nuestra medida es legal. Además, es algo que depende de la voluntad del juez porque nuestro acuerdo no se impone. Me imagino que, cuando el CGPJ se refiere a medidas disciplinarias, se refiere ante casos como la huelga. Por otro lado, si los acuerdos adoptados en la junta de jueces son ilegales, la sala de Gobierno del TSJA tiene capacidad de control y puede revocar el acuerdo.

P. El juez Tirado es su compañero en la APM, ¿cree que a usted le podría haber pasado lo mismo que a él con el caso Mari Luz?

R. Sí, a mí y a cualquiera. Hay miles de papeles, uno se te puede escapar y los funcionarios pueden no darse cuenta.