España extradita a un checheno a Rusia sin garantías antitortura

Pueden quedarle horas de estancia en España. El Consejo de Ministros acordó el pasado 12 de diciembre la extradición a Rusia del checheno Murat Ajmedovich Gasayev, acusado por la fiscalía de ese país de lesiones, asesinato y estragos terroristas, así como de integración en banda armada por formar supuestamente parte de un grupo guerrillero checheno. Pero Gasayev será entregado a las autoridades rusas sin que vayan a cumplirse las garantías contra torturas y tratos degradantes acordadas durante el estudio de su caso por la Audiencia Nacional. Los comités contra la tortura de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, a los que el tribunal español encomendó el control de las condiciones de reclusión en Rusia, rechazaron hacerse cargo del checheno argumentando que esa vigilancia no se contaba entre sus funciones.

Gasayev huyó a España en 2005 tras conocer que había sido acusado de esos delitos por la fiscalía rusa. Nada más llegar a Bilbao, donde desembarcó en junio de ese año, pidió asilo político argumentando que, de volver a su país, podría ser objeto de torturas y malos tratos. Se instaló en Mislata (Valencia), donde fue detenido el 1 de diciembre de 2006 en virtud de una orden internacional de detención de un tribunal ruso. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva a la espera de que concluya el proceso sobre su extradición que corre en paralelo al de la concesión (o no) de la condición de refugiado.

La Audiencia Nacional autorizó su entrega a Rusia el 25 de mayo de 2007. El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la declaró "procedente" con la condición de que las autoridades rusas garantizaran que Gasayev no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua. En una resolución posterior, ese mismo tribunal, tras estudiar dos informes de Naciones Unidas sobre la situación en las repúblicas rusas del Cáucaso, apreció la necesidad de establecer mayores garantías para evitar que el recluso pudiera ser maltratado una vez entregado.

El primer informe, redactado el 15 de enero de 2007 por el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, narraba cómo las autoridades rusas suspendieron unilateralmente la visita que ese alto representante tenía previsto realizar a Chechenia, Ingusetia y Osetia del Norte para comprobar las condiciones de reclusión. El segundo, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, cifraba entre 3.000 y 5.000 las desapariciones en esa zona "siendo muchas de ellas perpetradas por tropas federales [rusas]".

Para evitar que Gasayev pudiera convertirse en uno más, la Sala ordenó, sin consulta previa y sin ningún precedente conocido, que miembros del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) lo visitaran una vez enviado a Rusia y se entrevistaran con él reservadamente para que pudiera denunciar malos tratos en caso de que existieran. Sin embargo, el presidente de ese comité, Claudio Grossman, aseguró al Gobierno español que una visita a Gasayev en un centro de detención de Rusia "no sería posible" porque ese tipo de controles no está entre las funciones del CAT. El Ministerio de Justicia informó entonces al presidente de la Sala Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, sobre "la imposibilidad de cumplir la condición impuesta".

El pleno de la Sala decidió entonces que fuera el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) en lugar de la ONU quien supervisara el internamiento del checheno. En caso de que no pudiera, encomendaba esa labor a la Embajada de España en Moscú como último recurso. "El Comité no está bien situado para realizar la continua vigilancia que sería necesaria en este caso", respondió el presidente del CPT, Mauro Palma. "Una labor como esa debería ser realizada en el Estado receptor", es decir, en Rusia, añadió.

Así que la integridad de Gasayev tras su ya aprobada extradición deberá ser realizada por diplomáticos españoles destinados en ese país. La Embajada ha informado al Gobierno de que existen precedentes similares realizados por otras representaciones diplomáticas en Moscú -nunca por la española- "que a veces tropezaron con algunos obstáculos", según otra carta enviada por Justicia a Gómez Bermúdez el pasado día 17. El control antitortura español consistirá, según la misiva, en una visita al preso "a su llegada al territorio ruso" y otra más cuando se dicte "veredicto final".