¿Víctimas o verdugos?

El vicealcalde y máximo responsable del urbanismo en Castellón, Javier Moliner, se presentó, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo que anula el PGOU, como "víctima de una resolución en la que nada tiene que ver". Moliner eludía así al hecho de que la controvertida Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que el Ayuntamiento de Castellón aplicó, no contemplaba la necesidad de realizar la exposición pública del planeamiento. Si bien es cierto que la LRAU no marcaba este trámite como obligatorio tampoco prohibía que se realizara, con lo que el PP hubiera podido dar voz a los vecinos para que presentaran sus propuestas a la modificación del PGOU que luego se aprobó y que ahora se ha anulado.

Moliner trató, además, de centrifugar el impacto de la sentencia y sugerir que, tras este fallo, todos los programas aprobados en el período de tiempo en el que estuvo vigente la LRAU quedaban "pendientes de un hilo". Sin embargo, faltó tiempo para que el consejero de Territorio, José Ramón García Antón, saliera a la palestra aclarando que el hecho de que se anule el PGOU de Castelló "no quiere decir que se puedan anular otros planes ya aprobados".

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, el alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, "ha devuelto a Castellón a la página más negra del urbanismo franquista, cuando los alcaldes del régimen, entre ellos algún Fabra, convirtieron la ciudad en el exponente nacional del desarrollismo salvaje". Por su parte, el concejal del Bloc, Enric Nomdedéu, ha lamentado que la política urbanística del PP, "que parece, actuar al margen de la ley", esté generando incertidumbre en el sector urbanístico, en el empresariado y en la propia sociedad.