Moratinos promete cambiar la ley para frenar al juez, según la ministra israelí

El Gobierno español reformará la ley para evitar procesos como el abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.

Así, al menos, se lo anunció el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a su homóloga israelí, Tzipi Livni, según reveló esta última. "El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español", dijo Livni a la agencia Associated Press. "Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo", agregó en una declaración a la que los diarios israelíes dieron ayer amplia difusión.

La Moncloa dice que se estudian "ajustes procesales" que no afectarían a este caso

"Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno", agregó Livni sobre la investigación, que ayer fue portada de los principales diarios de Israel.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores mantuvo durante todo el día de ayer un mutismo absoluto en torno a esta declaración. Moratinos habló por teléfono al menos dos veces con Livni sobre la investigación de la Audiencia Nacional: una el jueves por la noche y otra ayer. En la primera, según adelantó él mismo, el jefe de la diplomacia española expresó a su interlocutora la voluntad del Gobierno español de hacer "todo lo necesario para que [la decisión judicial] tenga el menor impacto [en las relaciones bilaterales] y pueda tener una solución satisfactoria" para ambos países.

Un portavoz de La Moncloa indicó anoche que sólo se están estudiando "ajustes en las leyes procesales españolas" que no pudo precisar, pero que "en ningún caso pasarían por abolir o restringir el principio de jurisdicción universal". Subrayó, además, que la reforma "nunca afectaría a este caso [el ataque contra Gaza], ya que no podría tener carácter retroactivo".

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la competencia de los tribunales españoles sobre todos los delitos, cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse como genocidio o terrorismo. Se da la circunstancia de que el Código Penal israelí también permite enjuiciar a extranjeros por crímenes cometidos fuera sus fronteras, aunque sólo si son perpetrados contra el Estado de Israel o contra el pueblo judío. La legislación española obliga, sin embargo, a inhibirse en el caso de que el delito haya sido ya juzgado o esté siendo investigado por el juez del país donde se produjo. La Fiscalía no ha querido pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional hasta saber si estos mismos hechos están siendo ya investigados en Israel.

La Embajada de Israel en Madrid no quiso revelar el contenido de los más de 400 folios, en hebreo e inglés, que ayer fueron entregados al Ministerio de Asuntos Exteriores para su remisión a la Audiencia Nacional, pero expresó su confianza en que, a la luz de dicha documentación, el juez archive el caso.

Según fuentes diplomáticas, el informe del Ministerio de Justicia israelí incluye diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de Israel sobre los asesinatos selectivos y, en particular, su decisión del pasado 24 de diciembre, cuando rechazó la demanda de la organización israelí Yesh Gvul (Hay Límites), formada por reservistas del Ejército, para que se abriera una investigación independiente sobre el asesinato del líder de Hamás Salah Shehaded, el mismo que ahora indaga el juez Fernando Andreu. Preguntado por el resultado de la operación militar que acabó con la muerte de 14 civiles, el entonces jefe de la Fuerza Aérea israelí, Dan Halutz, se limitó a declarar: "Cuando tiro una bomba siento un ligero temblor en las alas".

Por su parte, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se mostró ayer convencida de que el Gobierno de Israel entiende que "España es un Estado de derecho y la Justicia actúa con total independencia".