Encuentros en el aire

En el auto cuando la interminable caravana avanza lentamente o al anochecer cansado de la publicidad televisiva, si optamos por conectar al albur la radio es probable que encontremos alguna emisora latina, o un programa dedicado a este público de una emisora local (por ejemplo COM Ràdio hace un programa excelente para los latinoamericanos). Hasta hace poco más de un año incluso podían ustedes caer en una interesante emisora que se dirigía a los colectivos de origen asiático, Pakcelona, creada por un catalán de origen paquistaní (lleva más de 30 años residiendo en Cataluña) y que emite en catalán, castellano y urdu. Fue clausurada por el Gobierno de la Generalitat mediante una decisión tan discutible como inoportuna.

La clausura por parte del Gobierno de la emisora Pakcelona fue una decisión tan discutible como inoportuna

En Barcelona y región metropolitana vive aproximadamente el 15% de población inmigrante, la gran mayoría trabajadores y sus familias. Se les considera "extranjeros" o "inmigrantes no comunitarios", no de la Unión Europea. Como diría Cantinflas es que "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa". La terminología induce al error y refuerza los prejuicios. El "extranjero" alguien ajeno a nosotros, que no se integra en nuestra cultura ni en nuestra vida, es un "extraño". Los "extranjeros" son en todo caso las aves de paso o los residentes que recrean su mundo aparte como ocurre en algunas urbanizaciones de europeos de la tercera edad. Los que llamamos inmigrantes lo fueron: llegaron como tales pero la mayoría con un proyecto de vida de permanencia indefinida o muy larga entre nosotros. Por lo tanto, la cuestión es como facilitar la convivencia entre todos, cómo nos podemos aceptar y mezclar. Así ocurrió durante décadas entre los catalanes autóctonos y los inmigrantes del resto de España. La convivencia implica el conocimiento, el reconocimiento y el respeto mutuos. Sólo sobre esta base son eficaces las normas y los valores compartibles.

En Cataluña existen más de un centenar de emisoras sin licencia legal, muchas de ellas del llamado tercer sector, ni públicas ni privadas, las consideradas "comunitarias", como las que se dirigen a colectivos latinos u otros. No son legales debido a que el Gobierno no ha desarrollado la ley que establece la existencia de un sector "no comercial", lo cual produce una situación de alegalidad y convierte en arbitrarias las clausuras que de vez en cuando se producen, como fue en el caso de Pakcelona. En este caso la emisora afectada cumple (sigue emitiendo por Internet y se publica la revista con el mismo nombre) una muy eficaz función integradora, explica nuestras instituciones y costumbres, realiza cursos de lengua catalana, proporciona información práctica a sus oyentes. Algo similar realizan emisoras latinas y, probablemente, pronto podremos encontrar en el dial emisoras dirigidas a la población magrebí, palestina o subsahariana.

Los procesos de integración social y cultural se realizan mejor si los colectivos de origen inmigrante están cohesionados y refuerzan su autoestima, si primero se protegen y se ayudan entre ellos. Así se reduce la desigualdad entre unos y otros. Estas emisoras "comunitarias" no crean necesariamente guetos culturales, sino que facilitan el encuentro entre los recién llegados y los autóctonos. Si son más fuertes tendrán más capacidad de integrarse y también de hacer que aceptemos su diversidad y que nos enriquezcamos con ella. La buena política pública sería pues apoyar la existencia de emisoras y canales de televisión dirigidos a estos públicos y realizados por profesionales y entidades procedentes de los mismos. No es el caso ahora.

La omisión es culpable, pues agrava los múltiples rechazos que sufre la población de origen inmigrante cuando debiera ser objeto de políticas públicas positivas. La legislación de "extranjería" limita los derechos en vez de facilitar su ejercicio. En Barcelona las lamentables normas del civismo sólo concretan medidas represivas como la persecución de los top manta e incluso incita a que los inmigrantes se denuncien entre ellos prometiendo apoyo a los denunciantes para su regularización. Atribuir una condición diferenciada a una población con residencia estable, que mayoritariamente trabaja, paga impuestos, crea familia y convive pacíficamente con los autóctonos es, de hecho, contribuir a legitimar el racismo, el trato discriminatorio y facilitar la criminalización colectiva.

En el programa Tot un Món de TV-3, su excelente conductora Mónica Zapico me preguntó: ¿Usted cree que la presencia de los inmigrantes en el espacio público tiene algo que ver con la inseguridad en el mismo? Sí, contesté yo, insecuriza a esta población, no al revés. Los que tienen razones para sentirse inseguros no somos nosotros, son aquellos que por su aspecto, por el color de su piel, por su lengua o su vestimenta, son objeto de control policial, de rechazo social, de ser sospechosos de haber cometido cualquier falta o delito. Las administraciones públicas por temor a perder electores prejuiciosos y por falta de valores democráticos sólidos (como ocurre con el ministro del ramo que parece querer emular a Berlusconi o Le Pen) contribuyen con sus discriminaciones y omisiones a excitar los miedos sociales que convierten a los trabajadores activos en problemas sociales y a las víctimas en delincuentes.

Estas políticas públicas sin voluntad integradora no son sólo injustas, son también peligrosas. Marginar a esta población, hacerla sentir diferente y sin los mismos derechos que los autóctonos es contribuir a que los procesos de cohesión se realicen exclusivamente dentro del "grupo", que se reconstruya su identidad en contra de la sociedad de acogida, que se desarrollen ideas religiosas y políticas fundamentalistas y que se cree un ambiente propicio al desarrollo de formas de rebelión violenta. La cobardía política que hoy prevalece ante la integración de la población de origen inmigrante sólo se vencerá si se impone un principio tan evidente como tan difícil de hacer entender a los gobernantes: la población que vive y trabaja en un territorio debe tener los mismos derechos y deberes. Ni más ni menos.

Jordi Borja es profesor de la UOC.