El Congreso revisará las incompatibilidades

La reunión a puerta cerrada de la Comisión del Estatuto del Diputado que autorizó el martes nuevas actividades de los diputados del PP José María Michavila y Ángel Acebes no fue ni mucho menos pacífica. Incluso, terminó con un voto particular del diputado de IU, Gaspar Llamazares, al informe final de la comisión y con el acuerdo de todos para que se estudie una reforma del actual sistema de incompatibilidades.

Michavila había solicitado añadir a su actividad de abogado, de representante de artistas y de responsable de una fundación, la de codirector de una family office o gestora de grandes patrimonios. Llamazares y el portavoz del PSOE, Francesc Vallés, pidieron que se le exija información al diputado sobre los estatutos de la sociedad, sus funciones y sus labores concretas. Se produjo un debate intenso porque el representante del PP, Gabriel Mato, defendió que había que autorizarlo puesto que nada indica que se traspasará la línea que impide contratar con Administraciones públicas. No se planteó el hecho de que el despacho de Michavila haya sido contratado con distintos ayuntamientos implicados en la trama que investiga el juez Garzón, lo que ha dado lugar a un expediente del secretario de la Cámara a dos letrados de las Cortes que trabajan en ese bufete.

Llamazares hizo un voto particular al informe que se votará el jueves

La tesis de Llamazares es que la ley se basa en la confianza, sin capacidad de comprobar los datos o exigir explicaciones. Y siempre con una aplicación muy amplia. Michavila no contrata directamente con ayuntamientos, pero su despacho sí.

Finalmente, PSOE e IU perdieron la batalla porque al PP le apoyaron UPN y PNV. Es decir, por segunda vez en esta semana el PNV, que ya apoyó en la Junta de Portavoces la comisión de investigación sobre el ex ministro Bermejo, acudió al rescate de los populares cuando están en una situación comprometida en un órgano de la Cámara.

Respecto a Acebes, la petición era para formar parte del consejo de administración de Cibeles, una nueva sociedad creada por Caja Madrid. En este caso la petición sí se acompañaba de los estatutos de la nueva sociedad, explicando que es una fundación privada, es decir, que sortea el precepto legal que impide pertenecer a empresas públicas. No obstante, Llamazares considera que puede haber un fraude de ley y una aplicación laxa de la ley. El artículo 159.2 de la Ley Electoral impide pertenecer a consejos de "entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito".

El PP consideró que Cibeles es una empresa privada, que hay precedentes y que directamente no concede créditos, por lo que había que autorizar la compatibilidad. Llamazares hizo constar en el acta de la comisión su voto particular en contra por la aplicación laxa de la ley. No obstante, las conclusiones de la Comisión incluyen la petición a los letrados de las Cortes para que hagan una propuesta a la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral para modificar el modelo de incompatibilidades.

En principio, no se trata tanto de restringirlas como de darle transparencia. El presidente del Congreso, José Bono, ha trasladado estos días a miembros de esa comisión su posición favorable a que se estudien fórmulas que busquen esa transparencia.

El informe, que se votará el jueves en el Pleno, pide a 20 diputados que son también concejales y alcaldes que abandonen los consejos de administración de empresas municipales.