Parlamentarios a tiempo completo

El presidente del Congreso, José Bono, no pudo ocultar su sorpresa la semana pasada cuando, en una visita al Parlament, se le explicó que todos y cada uno de los diputados autonómicos deben presentar cada año a la Cámara una copia de su declaración de renta. Bono no pudo evitar comparaciones. Aterrizaba en Barcelona tras una semana infernal en el Congreso, en la que 90 diputados se rebelaron contra la poca capacidad de la Cámara baja para controlar las actividades extraparlamentarias -y los ingresos extra- de sus diputados.

Bono también se habría sorprendido, probablemente, si alguien le hubiese explicado que en el Parlament los diputados que declaran una segunda actividad representan apenas el 45% del total. En el Congreso son cerca del 75%. De los 135 diputados que tiene el Parlament, 60 declaran tener una segunda actividad, según el resumen oficial de la Comisión del Estatuto de los Diputados al que ha tenido acceso EL PAÍS. De éstos, sólo 14 ejercen en el sector privado, según han declarado ellos mismos a la hora de dirimir posibles incompatibilidades. En el Congreso, 250 de los 350 diputados tienen ingresos al margen de su actividad parlamentaria, 214 en el sector privado.

El secretismo del Parlament es menor que el que hay en el Congreso

En el Congreso, los diputados con pluriempleo representan el 75%

Estos datos confirman que en Cataluña los diputados han convertido la política en su única actividad laboral. En la mayor parte de los casos el pluriempleo de los parlamentarios consiste en desempeñar actividades en la política local. En el Parlament hay una quincena de alcaldes, 27 concejales y dos representantes en otras corporaciones locales o comarcales.

Los que mantienen vínculos laborales con el sector privado son una minoría, en la que destacan media docena de abogados en activo y varios economistas, profesores y asesores fiscales. Todos ellos han conseguido el visto bueno de la Comisión del Estatuto del Diputado primero y el de sus compañeros de plenario después.

Según el reglamento del Parlament aprobado en 2005, son los propios diputados los que deben comunicar a la comisión cualquier actividad profesional o política paralela a la de parlamentario, cobren o no por ella. También han de comunicar cualquier variación que se produzca durante la legislatura.

Cuando un diputado quiere añadir una dedicación a su labor de diputado, debe dirigirse antes que nada a la Comisión del Estatuto del Diputado, que se reúne a puerta cerrada para estudiar la demanda. Se trata, casi siempre, de un simple trámite, pues la mayor parte de las peticiones son de diputados que son elegidos concejales o alcaldes de sus respectivos municipios. En el caso de los profesionales liberales, la regla de oro es que en sus despachos no se ocupen directamente de asuntos vinculados a la actividad que desarrollan en el Parlament.

Una vez que se ha pronunciado la comisión, la demanda de compatibilidad se traslada al pleno de la Cámara. El secretismo es menor en el Parlament que en el Congreso. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara catalana establece que el tipo de dedicación de los diputados, sea total o parcial, debe constar en un documento público y accesible para quien se interese por él. En el Congreso dicho documento tiene carácter secreto. Lo que sí es secreto en las dos cámaras es la declaración de patrimonio que deben hacer los diputados. En el Parlament también tiene carácter secreto el expediente de cada diputado en el que consta su última declaración de renta. Deben presentarla cada año y se guarda durante cinco ejercicios.

La lista de incompatibilidades de los diputados en el Parlament tiene 53 puntos. Además de las incompatibilidades obvias, como el de ser diputado de otro parlamento o miembro del Tribunal Constitucional o del Supremo, los diputados del Parlament tienen incompatibilidades menos conocidas. Por ejemplo, no pueden desempeñar cargos en Radio Televisión Española ni en el Consejo de Seguridad Nuclear, ni ser funcionarios del propio Parlament.

Pero, al igual que en el Congreso, hay claroscuros. Por ejemplo, el Parlament no puede investigar las actividades que desempeñan los diputados a los que se ha autorizado una segunda actividad. Tampoco hay herramientas que permitan comprobar sistemáticamente si las actividades declaradas y sus correspondientes retribuciones aparecen convenientemente detalladas en la declaración de renta que los diputados están obligados a presentar.

Y no será porque no haya habido polémicas. La más reciente, la que protagonizó el diputado nacionalista Antoni Fernández Teixidó, que tienen como segunda actividad una asesoría fiscal y tuvo que declarar como testigo en el marco de la Operación Abeja, contra la mafia rusa.