Justicia asume que no podrá disolver los ayuntamientos de ANV

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local orientada a expulsar a los cargos electos de ANV de los ayuntamientos "nunca tendría efecto retroactivo" ya que quienes han sido elegidos no pueden verse afectados por una ley posterior.

El ministro dejó claro que una ley de esa naturaleza tendría una proyección de futuro porque, "guste o no, quienes han sido elegidos conforme a la legislación en un determinado momento no pueden verse sorpresivamente revocados en el ejercicio de esos derechos". No obstante, Caamaño no descartó que se puedan disolver algunos consistorios si son hallados indicios de que sus ediles incurren en actividades de apoyo al terrorismo.

Por la mañana, en su comparencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había sugerido una "posible y sencilla solución legislativa" para intentar la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Según fuentes de la fiscalía, dicha propuesta consistiría en añadir un párrafo al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local en términos que impliquen la disolución "de aquellos ayuntamientos gobernados por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político posteriormente declarado ilegal".

Con el texto actualmente vigente, la fiscalía cree que existen muchos problemas para llegar a la disolución e insistió en que se trata de una consulta y no de una propuesta legislativa de elaboración propia. El informe de la fiscalía lo recibió Caamaño el miércoles por la noche y ayer a mediodía aún no conocía su contenido, informa Fernando Garea.

La posición de la fiscalía se parece mucho a otra que ya manejaba en diciembre el Grupo Parlamentario Socialista, añadir un nuevo párrafo en el que se dijera: "Los ayuntamientos no podrán ser gobernados por representantes de partidos políticos ilegalizados".

El pronunciamiento ayer del ministro de Justicia va más en la línea del informe elaborado en octubre pasado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, que concluyó que con la actual ley de bases no sería posible disolver los ayuntamientos de ANV de forma masiva. El informe explicaba que la sentencia del Supremo sólo declaró probados dos casos de apoyo al terrorismo por corporaciones gobernadas por ANV, pero que no reunían la "gravedad" y "reiteración" que se exigen para disolver un consistorio.

Según fuentes jurídicas, cualquier norma que endurezca el artículo 61 aprobada ahora se enfrentaría al problema de la irretroactividad, al tratarse de un derecho sancionador restrictivo de derechos fundamentales.