Al Ivex le faltan las facturas de los conciertos de Orlando y México

Los pagos están hechos, pero no aparecen las facturas. La sospecha de irregularidades es mayúscula. Lo dijo ayer el perito encargado por el juzgado de Instrucción para examinar la documentación contable sobre los conciertos que el cantante Julio Iglesias realizó en el extranjero promocionando para la Generalitat la imagen de la Comunidad Valenciana. El perito confirmó ayer que faltan facturas que justifiquen determinados pagos en relación con el concierto de Orlando y que del evento de México, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) no tiene factura alguna. Ese ha sido el resultado de la última diligencia que estaba pendiente de resultado sobre el caso en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.

En el primer informe, quedó claro que el Ivex contabilizó de forma deficiente algunos pagos de conciertos de Julio Iglesias. Y se solicitó una ampliación, requiriendo documentación al propio Ivex. El perito explicó ayer que en el Ivex consta un gasto del concierto de Julio Iglesias en México algo superior a 300.000 dólares sin que esté suficientemente justificado, pero resulta que no hay facturas en el archivo. Y en el caso del concierto de Orlando pasa exactamente lo mismo.

El fiscal solicitará la próxima semana a la sección quinta de la Audiencia de Valencia toda la documentación sobre la búsqueda decretada contra José María Tabares, ex director del Ivex, condenado por ese tribunal a cinco años de prisión por un delito de estafa, también desde su responsabilidad en el Ivex, que no ha cumplido porque se dio a la fuga. Es Tabares el principal imputado. Tras su primera declaración, los demás responsables han ido destruyendo su versión y ahora no se puede contrastar porque está fuera del alcance de la justicia española. Los datos de que se dispone le sitúan como hombre de negocios en Japón, país sin convenio de extradición con España.

El juzgado investiga supuestos pagos dobles de los conciertos del cantante. El Ivex, que es perjudicado en esta causa y sin embargo no está personado como acusación particular, contrató en 1997 a Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana con la celebración de exclusivos conciertos. La Generalitat no presentó en Cortes toda la documentación, y la investigación se inició por un supuesto contrato B que se ocultó a los diputados y que supondría un desembolso de 5,5 millones de euros.