Santa Coloma dio a dedo obras a una empresa de la trama corrupta

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, investigado dentro del Operación Pretoria, adjudicó obras a dedo por valor de 12 millones de euros a Proinosa, una de las empresas de la presunta trama de corrupción urbanística. Las adjudicaciones se hicieron a través de la empresa municipal Gramepark, cuya sede fue registrada el martes por la Guardia Civil. Ocho de los nueve detenidos fueron trasladados ayer a Madrid. Junto con el noveno implicado, arrestado en Madrid, declararán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Entre los arrestados están el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC), y dos hombres fuertes de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. La red, presuntamente dirigida por el ex diputado socialista Luis García, Luigi, se dedicaba a obtener jugosas plusvalías con pelotazos urbanísticos que facilitaban los ediles. En los proyectos, supuestamente, también se blanqueaban capitales a través de sociedades pantalla que, además, falsificaban facturas. Garzón pidió ayer comisiones rogatorias a Andorra, Portugal y las Islas Jersey para obtener información sobre la trama, que afecta a los municipios de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

El juez ha pedido una rogatoria a Andorra, Portugal y las Islas Jersey

Las cinco adjudicaciones a Proinosa -su presidente, Josep Singla, es otro implicado- que suman los 12 millones se otorgaron por el procedimiento negociado, un trámite de urgencia que se usa sobre todo para adjudicaciones urgentes o de importe reducido. La ley de contrataciones sólo permite usar esta vía para proyectos de un importe inferior al millón de euros. Entre los cinco adjudicados, hay tres aparcamientos que superan los tres millones cada uno, un centro escolar y un edificio de viviendas.

El miembro de CiU en el Consejo de Administración de Gramepark se opuso a una adjudicación directa a Proinosa de dos millones. El proyecto se sometió a votación este lunes, un día antes de la operación. Los partidos de la oposición (CiU, ICV y PP) denuncian que el Ayuntamiento traspasaba "demasiadas" obras de envergadura a Gramepark. "Así debían pasar menos filtros que en el Ayuntamiento", según fuentes de ICV.

Los grupos exigieron reiteradamente crear una mesa de contratación porque las decisiones siempre las tomaban el alcalde y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Los gestores de la empresa municipal se negaron.

Algunas de las licitaciones que ha ganado Proinosa el último año contienen prácticas llamativas. Por ejemplo, Gramepark sólo dio el mes de agosto para presentarse a uno de los proyectos: el anuncio fue publicado en su web a finales de julio y el límite para presentarse expiraba en septiembre.

La investigación de Garzón se centra en el Cubics. Con una inversión de 100 millones, el mayor proyecto de la ciudad prevé construir un complejo residencial, hotelero y de ocio. Las pesquisas también apuntan a la red de aparcamientos de Gramepark. Ése fue, de hecho, el objeto original de la empresa, que ha extendido sus tentáculos hacia todo tipo de obra pública, desde viviendas a escaleras mecánicas. La empresa se come ya el 40% del presupuesto municipal. La oposición coincide: Gramepark se ha hecho demasiado grande.La histórica alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y predecesora de Bartomeu Muñoz, Manuela de Madre, rompió ayer su silencio. En el Parlament, visiblemente afectada -dijo sentirse "perpleja, apenada y desolada"-, reclamó que se respete la presunción de inocencia de los detenidos. "¿Pondría la mano en el fuego por Muñoz?", se le preguntó. "Mantendré la presunción de inocencia mientras no haya evidencias de otra cosa", respondió. De Madre se sumó a los dirigentes socialistas que han pedido que la justicia aclare los casos investigados "por el bien de todos y el buen nombre de las instituciones". La cúpula del PSC ha asegurado que tomará medidas si sus cargos son imputados.

Sobre las acusaciones de un informe de la Sindicatura de Cuentas que apuntan a nombramientos a dedo de altos cargos del Ayuntamiento de Santa Coloma en 2003, la ex alcaldesa precisó que la tesorera y el interventor accedieron al cargo sin superar un concurso público "porque el ministerio no los convocó".

Tal como es preceptivo, la sindicatura envió el informe al Tribunal de Cuentas en mayo de 2008 y éste abrió diligencias para investigar las supuestas irregularidades. Para ello, el tribunal delegó la instrucción de las diligencias a la sindicatura, que en diciembre del año pasado nombró un letrado que desde entonces, desvinculado temporalmente de la sindicatura, está al frente de la investigación contable.