El juez reclama todas las auditorías que se hicieron del Palau entre 2000 y 2008

Ahora que Fèlix Millet y Jordi Montull han confesado una pequeña parte del saqueo del Palau de la Música, no falta quien asegura que era un secreto a voces. Pero lo cierto es que el caso ha evidenciado que fallaron los controles de la Fundación Orfeó Català y de la asociación, empezando, muy probablemente, por las auditorías que anualmente se realizaban de las cuentas de esas entidades, que se aprobaban de forma rutinaria.

Si los nuevos gestores del Palau han descubierto en unas semanas los detalles del saqueo cometido entre los años 2000 y 2008 y lo han cuantificado en 23,7 millones de euros, ¿cómo es posible que no advirtieran de ello los auditores de la época? ¿O es que advirtieron y no se les hizo caso?

Después de algunos desencuentros, el juez accede a la demanda del fiscal

La mejor manera de esclarecer esas dudas sería analizar directamente el contenido de las autorías de aquellos años. Por ello el juez que investiga el caso, Juli Solaz, ha solicitado que se entreguen todos los informes de auditoría realizados entre los años 2000 y 2008 sobre la contabilidad del Orfeó y del Palau.

La decisión se produce después de que lo solicitara el fiscal Pedro Ariche, "a los efectos de comprobación que fueren procedentes". La fiscalía pedía, además, que la entrega de esos informes se realizara "con expresa aportación de las notas internas que los señores auditores que hubieran confeccionado los informes de auditoría pudieran haber verificado en el ejercicio de su actuación". Es decir, que no sólo se aportasen los estadillos contables, sino las recomendaciones o reflexiones que hicieron los auditores. El juez ha accedido también a esa reclamación en los mismos términos en que se lo pidió la fiscalía.

La empresa que elaboró esos informes es Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. En un principio no se pudo localizar la dirección donde tenía su sede, pero ese impedimento ya ha sido superado.

En el escrito del fiscal que solicitaba la entrega de las auditorías también se pedía al juez que fuesen citados a declarar todos los testigos que se citaban en la querella del pasado día 10 que dio origen al proceso, pero el juez considera que es preciso esperar primero a que se ratifiquen en sus informes los auditores que los han realizado a instancias de los nuevos gestores y que se entreguen también las auditorías que ahora reclama.

Del mismo modo, el juez ha accedido a que declaren como imputados el próximo día 30 Gemma Montull, ex directora financiera, así como Pau Duran y Enric Álvarez, ex tesoreros de las entidades implicadas. Se acaba así con la situación de "limbo jurídico" en la que se encontraban, en expresión del fiscal, pues aparecían en la querella inicial, pero todavía no habían sido imputados de manera forma. El 2 de diciembre también declararán como imputados los abogados Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana, acusados de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil por elaborar facturas falsas para eludir una inspección de Hacienda.