Gobierno y Xunta esperan alcanzar hoy un acuerdo para salvar la ley de cajas

La fumata blanca en la negociación de la Lei de Caixas podría verse hoy en las chimeneas del Ministerio de Política Territorial si, como parece, la Xunta y el Gobierno acercan posturas sobre el punto de la norma que trata la renovación de los órganos de gobierno. El primer gesto en esa dirección llegó ayer por la tarde, cuando el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrias, convocó por quinta vez a los conselleiros gallegos de Facenda y Presidencia para un encuentro que se celebra hoy en Madrid.

Después del enfado del miércoles, que hizo temer un bloqueo, fuentes próximas a la Xunta señalaron pocas horas después de la convocatoria que son optimistas. Esperan llegar a un acuerdo sobre el escollo fundamental de la ley que obliga a renovar los consejos y las asambleas en el plazo de dos meses. La ley, que ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por vulnerar, supuestamente, otros diez aspectos de la legislación básica sobre las cajas, establece en su primera disposición transitoria que "han de renovar la totalidad de sus órganos de gobierno".

Pese a que más adelante cifra esa renovación en el 75% de los miembros, el recurso del Gobierno sostiene que esa disposición contradice la necesaria estabilidad que los mandos de las cajas deben tener. Fuentes del Gobierno central también confirmaron su impresión de que el acuerdo está más próximo que nunca, pese al temor del PP de que esa voluntad de entendimiento fuese una pose. Lo cierto es que Zarrías insistió en todos los encuentros que se trata de un debate "jurídico, no político"La comisión negociadora que hoy se sentará en Madrid también tendrá que sortear otro gran obstáculo, quizá el que más irritó a los representantes gallegos durante las reuniones. Se trata de un heredado de la norma anterior y que en su día no fue recurrido: el que hace referencia a las mayorías necesarias para aprobar una fusión. El Estado entiende que existe una contradicción normativa entre ese y otro artículo que sí fue modificado en la nueva ley. Una confusión que, según la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, es "jurídicamente imposible".

Con las primeras cuatro reuniones se ha logrado un consenso en seis puntos recurridos. El más importante es el que hace referencia a las fusiones frías a través del Sistema Institucional de Protección (SIP), que la Xunta podrá vetar, aunque no aludiendo a la defensa del interés gallego.

Negocio energético

La reforma de la ley no es la única noticia sobre las cajas gallegas. Caixa Galicia anunció la que hasta hoy ha sido su operación más rentable. Ayer firmó la venta del 45% de Investimentos Ibéricos al multimillonario portugués Américo Amorim por 177 millones de euros.

La operación parece redonda: hace cuatro años la caja gallega había comprado esas mismas acciones por 20 millones, con lo que se lleva unas plusvalías de 157 millones de euros. La clave está en que Investimentos Ibéricos controla el 4,5% de la compañía energética Galp, el operador más importante del país vecino. La venta se produce en un momento en el que Caixa Galicia quiere fortalecer su solvencia. Con la operación, la cartera industrial de la caja que dirige José Luis Méndez alcanza una liquidez de 490 millones "para acometer nuevas inversiones", según informó la compañía.

En los últimos doce meses Caixa Galicia ha invertido 20 millones en Pescanova y otros 210 en comprar un 11% de Itínere, que controla la autopista AP9. Es accionista de 131 empresas que emplean a 56.822 personas y alcanzaron en 2009 un beneficio neto de 1.252 millones, según un primer avance de resultados. Entre ellas está Sacyr, Cupa, Reganosa, Gas Galicia, Norvento o la bodega de Rías Baixas Terras Gauda.

Según la caja, entre 2005 y 2010 las plusvalías brutas que ha realizado con sus ventas se elevan a 1.306 millones de euros, "equivalentes a multiplicar por 2,5 cada euro invertido".