La OCDE reclama personal cualificado en cooperación

La política española de ayuda al desarrollo todavía cojea por el mismo flanco, el de los recursos humanos. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propina un fuerte tirón de orejas al Gobierno de España por no haber creado un cuerpo de funcionarios especializado en cooperación internacional y dejar esta tarea en manos de diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El documento, sin embargo, aplaude los esfuerzos gubernamentales para mejorar la cooperación española, que ya cumple la mayoría de los 12 indicadores de eficacia fijados en la Declaración de París del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 2005, cuando en 2007 no ejecutaba ninguno.

La organización pide no dejar la ayuda al desarrollo en manos de diplomáticos

El documento fue distribuido el pasado viernes en el Consejo de Cooperación, que asesora al Gobierno en materia de ayuda oficial al desarrollo (AOD), cuando aún persiste la polémica por el cambio de rumbo en política de personal decretada por Elena Madrazo, directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Madrazo desalojó a más de 80 asistentes técnicos, es decir, especialistas en diferentes áreas, que trabajaban como autónomos en las instalaciones de la AECID y que ahora lo tendrán que hacer desde sus domicilios pues carecen de condición funcionarial.

El informe de la OCDE es anterior a estos hechos y, por mucho que en su anterior evaluación este organismo insistiera en cambiar la política de recursos humanos, España no ha hecho los deberes. En el documento se afirma que, a pesar de que la AECID ha incrementado en 400 personas su plantilla desde 2004 -se desconoce si se incluyen las asistencias técnicas- "alguien todavía considera que es insuficiente". ¿Por qué? Pues porque tal como indica la OCDE "asegurar que las capacidades de este nuevo personal pueda suplir las necesidades de la AECID es difícil ante las limitaciones que afronta". Pero, además, critica que la mayoría de estos trabajadores proceda del Ministerio de Asuntos Exteriores y que sólo una docena fueran reclutados entre ejecutivos fuera del cuerpo funcionarial.

La OCDE también se queja de la "escasa flexibilidad" de la agencia para contratar a expertos técnicos y las "carencias en incentivos a los funcionarios para trabajar sobre el terreno". "Todo ello", prosigue el informe, "dificulta la consecución de políticas y la efectividad en la gestión de los programas [de AOD]".

Las conclusiones del organismo internacional vienen a darle la razón a los sindicatos de la Administración, a los asistentes técnicos ahora desalojados y también a buena parte de los expertos que integran el Consejo de Cooperación. Es decir, que España necesita crear un cuerpo especial de funcionarios para la ayuda al desarrollo y no dejar esta tarea en manos de diplomáticos, siempre pendientes de su próximo destino en alguna legación extranjera.

Pero no todo son reproches en el informe de la OCDE. Al contrario, España ha mejorado sustancialmente sus políticas de cooperación al desarrollo en cuanto a estrategia, destino de las ayudas oficiales, financiación, focalización de la cooperación, efectividad y evaluación de sus políticas. La organización achaca este cambio al cumplimiento del Plan Director (2009-2012).

Del documento se extraen algunas novedades que quiere poner en marcha la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez. Entre otras, figura la intención de promover una nueva ley de cooperación -la anterior data de 1998-, pues ya ha quedado desfasada, y el nombramiento de un alto cargo que supervise la coherencia de las políticas para el desarrollo.

En sus conclusiones, la OCDE recomienda a España que focalice mejor su cooperación en áreas geográficas determinadas y se felicita por las nuevas líneas de financiación, separando los fondos para promoción del desarrollo y los destinados al sector privado, y el incremento de los presupuestos destinados a AOD y a los organismos multilaterales.