El presidente catalán: "Está en riesgo el sentido del pacto constitucional"

Fue el día de José Montilla. Las funestas consecuencias que un recorte del Estatuto tendría para las fuerzas catalanistas llevó al presidente de la Generalitat a echar mano ayer de uno de los altavoces más potentes que tienen las autonomías para dirigirse al conjunto de España: la comisión general de comunidades autónomas del Senado. Era la primera vez que el organismo se reunía a petición de un presidente autonómico. Y Montilla consiguió sacarle partido. Ocho horas largas de debate le permitieron dejar claro que una sentencia negativa sobre el Estatuto no sería algo inocuo, sino una bomba de relojería para las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

El presidente de la Generalitat intentó evitar las expresiones apocalípticas, pero no se quedó corto alertando de la que se avecina si un Tribunal Constitucional con la mitad de sus miembros en situación "anómala" recorta un Estatuto refrendado por las Cortes y el pueblo catalán. "No sólo está en juego el prestigio de las instituciones. También está en riesgo el sentido y el alcance del pacto constitucional", dijo antes de pedir "respeto" para Cataluña.

El representante del Gobierno de Madrid tildó el acto de "pérdida de tiempo"

Montilla centró sus esfuerzos en convencer de que no pide ninguna barbaridad. "No tengo intención de ir ni un milímetro más allá de la Constitución, ni de permitir quedarnos a un milímetro de lo que permite el Estatuto". También dejó claro que no pide un trato de favor ante el Constitucional, sino el cumplimiento estricto de lo que dice la ley: eso es renovar los cuatro miembros del alto tribunal con el mandato agotado y cubrir la plaza del fallecido Roberto García-Calvo antes de dictar sentencia sobre el Estatut. Por este motivo el presidente de la Generalitat declinó poner en primer plano otras exigencias expresadas por su Gobierno y suscritas por Convergència i Unió, como pedirle al Constitucional que se declare incompetente para sentenciar el Estatuto.

De ahí que Montilla apelara a los sentimientos para intentar ganarse una audiencia entre la que no había ningún presidente autonómico del PP -todos delegaron en consejeros de sus Gobiernos- y sí dos ministros: el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y el titular de Trabajo y dirigente socialista catalán, Celestino Corbacho. Montilla, poco hábil con los idiomas, hasta habló en euskera y gallego, además de catalán. Todo para dejar claro que lo que busca el Estatuto no es romper España sino integrar sus nacionalidades, según el espíritu de la Constitución de 1978.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, recogió el guante y urgió a la renovación del Tribunal Constitucional dejando claro, eso sí, que las acusaciones de falta de legitimidad de este organismo procedentes de Cataluña no tienen fundamento.

Los dirigentes autonómicos del Partido Popular dejaron claro que no piensan lo mismo, en especial el consejero de Presidencia madrileño, Francisco Granados, que en tono despectivo calificó la reunión de "pérdida de tiempo". En el turno de los grupos parlamentarios, el PP entregó el protagonismo a Alicia Sánchez-Camacho, candidata a la presidencia de la Generalitat. Ésta no se desmarcó del guión y caldeó el debate acusando a Montilla de estar más preocupado por el Estatuto que por la crisis. "Esto es pura demagogia", le respondió el portavoz socialista, José Ignacio Pérez Sáenz. Que subrayó, además, que el PSOE sigue viendo "constitucional" el Estatuto.

Lo que no logró visualizar Montilla fue el frente unitario de partidos catalanes en defensa del Estatuto. Aunque el PSC, Esquerra, Iniciativa y Convergència registraron ayer en el Senado su propuesta para reformar la ley del Constitucional, el líder de CiU, Artur Mas, fue el gran ausente de la sesión. Se tomó el día libre.