El Senado rechaza al candidato más incómodo del PP para el Constitucional

El nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Senado estaba paralizado desde octubre de 2008 porque el PP intentó imponer que dos de ellos fueran Francisco José Hernando y Enrique López, inaceptables para los socialistas por razones políticas. La situación dio un vuelco ayer cuando la Mesa del Senado, el gobierno de la Cámara, decidió que la candidatura de López no es admisible legalmente. El PP se opuso a la decisión, obligó a votarla y perdió frente a socialistas y CiU. Después anunció que recurrirá la decisión.

Formalmente, lo que hizo ayer la Mesa fue dar trámite a las 23 candidaturas presentadas por 15 Parlamentos autónomos. Admitió 21 y rechazó dos, la de López (propuesto por el PP en Madrid, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja) y la del actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo (propuesto por el PSOE en Andalucía). La razón es que, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, los siete años que ambos pasaron como vocales del Consejo General del Poder Judicial no cuentan como ejercicio profesional activo. Si no se cuenta ese periodo, no alcanzan los 15 años que exige el cargo.

La Cámara alta pide alternativas a seis Parlamentos autónomos

Las candidaturas de López y Campo -y las de los demás- fueron presentadas hace 20 meses. El informe jurídico que advertía de esas dudas sobre su currículo estuvo en poder de la Mesa del Senado poco después. Pero la decisión del descarte se tomó ayer.

La falta de novedades objetivas, jurídicas y políticas hace muy difícil explicar esta decisión. Los candidatos son los mismos, la falta de acuerdo es la misma, y las posibilidades de fracaso las mismas que en octubre de 2008.

La situación cambia a raíz de esta decisión. Hace apenas una semana, el PP insistía en que López y Hernando (anteriores portavoz y presidente del Consejo del Poder Judicial) eran sus candidatos y no pensaba cambiarlos. Pero López ya no lo es. Al menos no en el Senado. El Congreso, el Gobierno y el CGPJ tienen también poder para nombrar magistrados, y algún día López, que actualmente ejerce como juez en la Audiencia Nacional, ya tendrá los años de experiencia necesarios.

La decisión tomada ayer abre un camino muy incierto. Lo primero que va a suceder es que el Senado pedirá a las seis comunidades a las que se les ha anulado algún candidato que, si quieren, lo sustituyan por otro antes del 29 de junio. Después se examinará si cumple los requisitos, probablemente en una semana. A partir del 8 de junio, el presidente del Senado puede convocar la Comisión de Nombramientos, donde deben ser llamados todos los candidatos para hacerles preguntas y estudiar su idoneidad. En el supuesto de que pueda conformarse una candidatura de cuatro nombres (no deben ser menos ni más), se puede someter a pleno en el mes de julio, que es hábil. Esta renovación, pendiente desde diciembre de 2007, entró en un callejón sin salida cuando el PP impuso en todos los Parlamentos autónomos las candidaturas de López y Hernando, pese a que la ley le permitía al menos uno por comunidad (el PSOE propuso a 14 candidatos para negociar).

Hace solo una semana, el PSOE insistía en que ambos seguían siendo inaceptables. Pero también reconocía, en privado, que en último caso podrían admitir a Hernando con el argumento de que todos los presidentes del Tribunal Supremo han acabado su carrera en el Constitucional. Hernando, que actualmente está jubilado y espera la decisión en su casa, cumple el viernes 74 años.