El PP cree que no hay demanda para suprimir símbolos religiosos

Al Partido Popular le parece "innecesaria" y a las religiones minoritarias les resulta insuficiente. Antes de que el Consejo de Ministros haya dado una primera lectura al anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, la iniciativa suscita ya las primeras críticas.

EL PAÍS desveló el domingo el borrador de esa ley que desarrolla la "laicidad del Estado", prohibiendo, por ejemplo, los símbolos religiosos en los edificios públicos y estipulando que los funerales de Estado serán civiles.

"La libertad religiosa ya está reconocida por la Constitución y por la ley orgánica de 1980 que sigue vigente y sigue siendo válida", asegura Santiago Cervera, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. "¿Por qué regular una cuestión ya regulada y bien regulada?", se pregunta Alfonso Alonso, otro portavoz adjunto del PP. "Mejor no crear problemas donde no los hay porque no hay una demanda para sacar el hecho religioso del espacio público empezando por los crucifijos".

Además de ser innecesaria, la ley en gestación "abre una fractura ideológica en nuestra sociedad", advierte Cervera. "La anterior ley se hizo por consenso, sin ningún voto en contra", recuerda.

Alonso sospecha que se trata de "una cortina de humo" para hacer olvidar los problemas que sufre España. Cervera cree, por su parte, que con una ley de "perfil netamente izquierdista" el Gobierno busca compensar "la marcha atrás que ha dado para ahorrar en materia de protección social".

Las confesiones minoritarias aprueban, en cambio, la iniciativa, aunque no su contenido. "A grandes rasgos supone una posición más neutral del Estado, favoreciendo una convivencia plural sin que ninguna confesión sea discriminada ni se les otorguen privilegios especiales", señala Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica de España.

Pero no resuelve dos problemas. El primero, las reticencias de los Ayuntamientos a permitir la construcción de templos no católicos. "Se resisten a causa de los musulmanes, pero nos afecta a todos", se queja Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Evangélicas de España, que reagrupa al grueso de los protestantes. "No se puede seguir dejando en manos de los Ayuntamientos el ejercicio de un derecho constitucional", añade.

El borrador de la ley no modifica además la financiación de la Iglesia católica (0,7% del IRPF) y no prevé ninguna fuente de ingresos para las otras religiones. "Los españoles somos iguales ante la ley y un grupo de ciudadanos no debería poder destinar, a través de Hacienda, parte de su tributo a una institución como la Iglesia católica simplemente porque pertenece a una determinada religión", recalca Pedro Tarquis.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, confirmó ayer que "se está haciendo un trabajo", previsto en el programa electoral, para promover la libertad religiosa, pero que esta ley "no es prioritaria" aunque eso "no significa aparcar nada".

El Papa Benedicto XVI recibió, el jueves, en El Vaticano, al presidente José Luís Rodríguez Zapatero y este le dio a entender que no impulsaría la ley hasta después del viaje papal a España, a principios de noviembre.