El veto se gestó en una televisión local

La polémica del velo integral se fraguó en un modesto plató de la televisión local leridana para propagarse entre presiones populistas hasta, para sorpresa de todos, quedar incluido en el proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa que prepara el Gobierno central. Otro factor clave propició la espiral errática del debate: la parálisis de los principales partidos ante la inminencia de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el próximo otoño. En la comunidad, con un 17% de población inmigrante (más de un tercio de ellos de origen marroquí), la integración del colectivo musulmán supone un punto electoral de primer orden. El apoyo popular a desterrar el burka de la vida pública, en aumento a medida que persiste la crisis, dibujaba el asunto como un accesible caladero del voto fácil.

Eso y la cercanía de los comicios descolocó a las direcciones de los partidos catalanes, cuyas dudas sobre qué posición defender en el asunto se mantienen cuando la polémica ha rebasado su marco de actuación. Sólo el PP ha mantenido la coherencia de apoyar el veto en el máximo de municipios posibles, medida acorde a la línea dura contra la inmigración que promueve el partido. Entre la indecisión y el titubeo de CiU y PSC, sus respectivos grupos municipales han ayudado a agitar tanto la cruzada contra el burka que al final ha terminado arrastrando al Gobierno central.

El alcalde de Lleida, el socialista Ángel Ros, se despachó a gusto en una tertulia de un canal municipal que abordaba el fenómeno de la inmigración. Se tocaron varios temas: cómo gestionar la proliferación de mezquitas, qué relación mantener con los imanes de carácter más radical. Hasta que Ros acarició la problemática del burka que visten algunas musulmanas de la localidad. "Denigran como persona y como mujer y no pueden estar tolerados", sentenció antes de pasar a otro asunto.

Al día siguiente, desayunó con el oportunismo de CiU presidiendo la prensa local: el primer grupo de la oposición anunció que iba a presentar una moción para cumplir los deseos del alcalde, es decir, prohibir el burka en la localidad. "Queremos que se regule a través de una normativa del Gobierno central", añadió el líder convergente local, Isidre Gavin. Nadie apostó por ello pero el PSC se prestó al juego y pactó el primer veto en España.

El factor populista echó el resto. El Vendrell (Tarragona), cuyo Gobierno convergente gestiona apoyado -y presionado- por la formación xenófoba Plataforma per Catalunya. En contra del discurso del partido, CiU abrazó la prohibición sin ocultar su ambición de robar espacio a la formación populista. Convergentes y socialistas imitaron esa operación en Reus, Tarragona, y Cunit, entre otras localidades.

Hasta que la ola alcanzó Barcelona para perplejidad de muchos cuadros socialistas. Ayer, otros tantos respiraron tranquilos ante la posibilidad de que el Gobierno asuma una polémica cuyo impacto sigue siendo una incógnita. También en las urnas.