Frenar el aborto, reto de la nueva ley

A partir de hoy, y por primera vez en España, una mujer no estará obligada a dar explicaciones para abortar hasta la semana 14 de gestación. Casi seis meses después de su aprobación, entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y lo hace de la misma forma en que se elaboró: rodeada de polémica. Tal y como ocurrió hace 25 años con su predecesora -que permitía la interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres supuestos-, la nueva normativa aguarda un dictamen del Tribunal Constitucional que, tras admitir un recurso del Partido Popular, decide estos días si, mientras analiza el fondo del asunto, paraliza su aplicación. Con la nueva regulación, el aborto deja de ser un delito despenalizado solo en algunos supuestos y se convierte, 25 años después, en un derecho.

El Constitucional decide estos días si paraliza la norma a instancia del PP

Los antiabortistas se lanzan ahora a la batalla contra la educación sexual

Pero dejando a un lado la controversia, la nueva ley contribuirá, según los expertos, a frenar el creciente número de abortos en España -115.000 en 2008, según Sanidad; un 3,2% más que el año anterior-. Un argumento que contradice las reticencias iniciales de la derecha -que planteaba que con un plazo de aborto libre, las intervenciones no harían sino aumentar- al cambio de ley.

"La información sobre el aborto y los anticonceptivos; así como la venta sin receta de la píldora del día siguiente, conseguirán que bajen los embarazos no deseados", dice Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), y uno de los expertos que participó en la elaboración de la ley. Opinión que comparte Luisa Torres, trabajadora social de la madrileña clínica Dator.

De hecho, la pauta ya se vislumbra. Algunas clínicas calculan que los abortos han descendido un 9% en lo que va de año. Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, cree que la nueva ley contribuirá a disminuir las cifras actuales, pero a largo plazo. "Para hacerlo necesita el apoyo de otras medidas como la financiación de métodos anticonceptivos y su mayor disponibilidad o la facilitación gratuita de la píldora del día siguiente", explica. Políticas incluidas en la regulación, y que se desarrollarán en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que prepara ahora el Gobierno.

"Hasta hoy han faltado programas de prevención y educación. Se ha tenido este tema apartado de las políticas sociosanitarias", asegura Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad. Para paliarlo, el ministerio de Bibiana Aído prepara contenidos educativos para Internet para que puedan usarlos desde jóvenes hasta profesores. Con esa y otras políticas, se busca dar volumen a uno de los puntos importantes pero flacos de la ley, su contenido pedagógico, que depende en gran parte de las regiones. Sin embargo, que se hable de sexo en las aulas no gusta al PP, que incide en su recurso ante el Constitucional en los puntos dedicados a la formación. Tampoco a los grupos antiabortistas quienes, tras perder la batalla de la interrupción del embarazo, se lanzan a la lucha contra la educación sexual. Ambos sostienen que es solo patrimonio de los padres decidir qué se enseña a los hijos y cómo.

La nueva ley, que equipara a España con la mayoría de los países europeos, marca un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de embarazo y un periodo previo de reflexión obligatorio de tres días. A partir de ahí y hasta la semana 22, se podrá recurrir a esta intervención cuando la vida de la madre corra grave riesgo. Tras ese plazo se permitirán solo los abortos por malformaciones graves del feto. Un supuesto que será examinado por un comité médico. Hasta ahora las mujeres solo podían recurrir al aborto por violación (hasta la semana 12), por malformación del feto (hasta la 22), o por grave riesgo de salud de la madre (sin plazo), motivo al que -sobre todo por salud mental- se acogía la casi totalidad de las mujeres, un 96,69% en 2008.

Es la causa con la que se ha justificado Susana R. J. para poder abortar. Esta madrileña de 25 años, embarazada de seis semanas, acaba de empezar a trabajar como enfermera. "Me han hecho un contrato de tres meses. Mi pareja tampoco tiene trabajo fijo y ni siquiera vivimos juntos. Tener un hijo en estas condiciones es muy difícil", explicaba el sábado. Susana, que si sigue adelante con su decisión abortará todavía bajo el paraguas de la antigua ley, no entiende por qué tiene que dar explicaciones sobre su decisión. "Bastante difícil es ya tomarla, como para decir que lo haces porque tu salud mental corre peligro", dice. "Aunque si tuviese el bebé en estas condiciones seguramente es lo que ocurriría", añade.

Eliminando esa tutela y ordenando la aplicación de la prestación la ley pretende, según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, dar más seguridad jurídica a mujeres y médicos.

Pero aunque el sistema de plazos es uno de los ocho puntos recurridos por el PP -vulnera, dicen, "los derechos del no nacido"- no es el más polémico. La controversia fundamental está en que las mujeres de 16 y 17 años pueden abortar sin permiso paterno. El asunto, además, que más concesiones ha sufrido. Y es que, en contra de lo previsto, las menores tomarán solas la decisión pero tendrán que informar a uno de sus padres y acudir con ellos a la clínica. Eso sí, las chicas que argumenten que decirlo en casa les puede crear un conflicto grave no tendrán que hacerlo. Será el médico que la atienda quien decida si esos miedos son fundados.