Musulmanes de Lleida aceptan que se prohíba el 'burka' a las mujeres que no quieran identificarse

La Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, entidad no religiosa que se proclama defensora del colectivo musulmán en España, ha retirado momentáneamente el recurso contencioso administrativo que había presentado contra la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohíbe el uso del velo integral islámico, principalmente el burka y el niqab, en edificios y equipamientos municipales.

El presidente de Watani, Mourad El-Boudouhi, explicó ayer que, siguiendo el consejo del bufete de abogados que lleva el asunto, ha decidido aparcar la vía judicial y presentar alegaciones contra la modificación de la ordenanza municipal que veta el burka y el niqab. "Si son rechazadas, nos veremos obligados a presentar el recurso", advirtió El-Boudouhi.

Con una de las alegaciones pretenden que el Consistorio no aplique la normativa reguladora de los servicios y el uso de los edificios y equipamientos municipales, según la cual se podrá "limitar o prohibir acceder o permanecer" en ellos a las personas que lleven velo integral, pasamontañas, casco integral u otras vestimentas o accesorios que impidan o dificulten la identificación y la comunicación visual de las personas.

El-Boudouhi quiere que solo se pueda prohibir la entrada en un espacio municipal a la mujer musulmana que lleve esa prenda y se niegue a identificarse. Si esta accede a hacerlo, se pide que tenga libertad para entrar en el edificio con la cara descubierta o tapada. "En ningún caso encontramos correcto que el Consistorio multe por este motivo", añadió el líder musulmán, que hizo un llamamiento a las mujeres musulmanas para que denuncien a los maridos o las familias que les obliguen a llevar el velo integral.

Por otra parte, alrededor de 2.000 musulmanes celebraron ayer la oración de los viernes en el recinto ferial de los Camps Elisis por falta de espacio en la mezquita de la calle del Nord, el principal oratorio que existe en Lleida. Hace dos semanas, el Consistorio abrió un expediente sancionador a sus responsables -el cuarto en los dos últimos años- por triplicar el aforo autorizado del local, que es de 360 personas.