Acusado de prevaricación un teniente de alcalde de Barcelona

Dos altos cargos del Consistorio barcelonés y hombres de confianza de alcalde, Jordi Hereu, llevan camino de sentarse en el banquillo de los acusados. El cuarto teniente de alcalde, Ramón García Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramón Massaguer, han sido acusados por la fiscalía de los delitos de prevaricación y falsedad en documento por su manera de actuar con el proyecto del hotel del Palau de la Música. Lo impulsó Fèlix Millet y su tramitación solo se paralizó meses después del escándalo. El establecimiento no se ha llegado a construir.

El fiscal ha ampliado la querella que inicialmente dirigió contra Millet y Jordi Montull por el delito de tráfico de influencias para sacar adelante una operación urbanística que supuestamente les reportaría beneficios. La juez, que admitió ayer la ampliación de la querella, imputó un nuevo cargo -falsedad- a Millet y Montull y les ha vuelto a citar el 9 de septiembre. También ha sido imputado el arquitecto al que le fue encargado el proyecto del hotel, Carles Díez, del estudio de Tusquets. Los cargos municipales y un técnico del área de Urbanismo prestarán declaración como imputados el 8 de septiembre.

El caso por el que han sido imputados el edil y el gerente no tiene nada que ver con el saqueo del Palau, que es la causa judicial principal que imputa a Millet y Montull una apropiación indebida de alrededor de unos 35 millones de euros. La acusación del cuarto teniente de alcalde se ha producido en la investigación de la tramitación del hotel del Palau que requirió una compleja permuta de edificabilidad y recalificación urbanística entre un edificio de la Generalitat y los tres que eran propiedad de la Fundación del Palau donde se proyectó el hotel. Un proceso en que Millet hizo valer su influencia para lograr que las dos Administraciones dieran todos los pasos para conseguir su propósito. Y casi lo consigue. El fiscal mantiene en su escrito que García-Bragado y Massaguer "se comprometieron" con Millet y Montull a realizar la operación urbanística haciendo aparecer siempre en toda la tramitación oficial que la propiedad de las fincas donde se iba a construir el hotel era de la Fundació Palau de la Música y ocultando que el proyecto y la propiedad de los edificios se había cedido a un particular. En concreto, a la empresa Olivia Hoteles. El consistorio -los dos imputados y el propio alcalde, Jordi Hereu- defendieron el proyecto una y otra vez porque era de "interés general". Hereu relevó de la responsabilidad de Urbanismo a García Bragado tras la notificación judicial de su imputación pero le mantiene como cuarto teniente. Una decisión muy criticada por la oposición y especialmente por su socio de gobierno, Iniciativa per Catalunya, que pidió la dimisión completa.