El Banco de España expedienta a los dos últimos consejos de Cajasur

Los ruinosos escarceos de Cajasur con el sector inmobiliario y su negativa a fusionarse con Unicaja han derivado en la intervención del Banco de España, en su adjudicación a la BBK y pueden terminar en sanciones. El Banco de España ha abierto expediente disciplinario a 40 miembros de los dos últimos consejos de administración de Cajasur. Entre ellos se encuentran los dos últimos presidentes, los sacerdotes Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, y cinco directores generales. Uno de los ex consejeros expedientados es el actual alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU). El sacerdote Miguel Castillejo, que dirigió la caja durante casi tres décadas, ha quedado fuera de las pesquisas.

En una misiva enviada a los ex directivos y consejeros, el supervisor explica que sus actuaciones tratan de esclarecer tanto "las deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos" de Cajasur, como el "incumplimiento del plan de actuaciones del 28 de julio de 2009" por el que la entidad cordobesa se comprometía a fusionarse con la malagueña Unicaja. Por último, también se investiga "el exceso de concentración de riesgos".En la misiva, que ha sido remitida a los 40 ex directivos y consejeros a los que se abre expediente, el Banco de España recuerda que en 2004 sus técnicos realizaron una inspección que determinó que Cajasur tenía "un perfil de riesgo global alto". Asimismo se constató la "arriesgada política crediticia". Pero lo que verdaderamente preocupó al supervisor fueron las "deficiencias cualitativas, de control interno y de gestión".

Como consecuencia de la inspección del Banco de España, en abril de 2005, se requirió a Cajasur que presentase un plan integral "en el que se incluyeran una serie de medidas de gobierno corporativo, organizativas y de control muy estrictas". Además, se abrió un expediente disciplinario a la caja y a los miembros del consejo de administración de entonces, que derivó en sanciones para todos ellos y para su director general con multas de 5.000 euros a 350.000.

Las sucesivas revisiones del Banco de España de 2005, 2006 y 2008 concluyeron que si bien la caja adoptó medidas para cumplimentar los requerimientos de la inspección de 2004, "en algunos casos fueron insuficientes, y en otros, aunque formalmente parecían aceptables, no se habían aplicado con rigor".

El Banco de España hace hincapié en la actuación de los responsables del área de empresas participadas. En una inspección de 2006, "se comunicaron a la entidad varias operaciones de difícil justificación, efectuadas por sociedades participadas con actividad en el sector inmobiliario".

El supervisor recuerda que se "describieron en el escrito de requerimientos hasta pagos injustificados realizados por una sociedad participada por Cajasur a favor de otra sociedad que, según se demostró, no había prestado servicio alguno a la sociedad participada por la caja". Esta empresa era Arenal Sur XXI, propiedad de Cajasur y del joyero y constructor Rafael Gómez, conocido popularmente en Córdoba como Sandokán. Tras conocerse el presunto delito, la caja presentó una querella contra el empresario.

En cuanto al incumplimiento del acuerdo de fusión con Unicaja, pactado el 28 de julio de 2009, el Banco de España subraya la advertencia que realizó el 5 de mayo acerca de que "la falta de aprobación del proyecto de fusión, antes de que finalizara el día 21 de mayo de 2010 sería considerada (...) como un incumplimiento grave (...)".

Por último, el Banco de España critica "el incumplimiento del coeficiente de solvencia y exceso de concentración con tres grupos económicos", ligados a la construcción. El primero era el grupo económico propio, al que se le unían el de Sánchez Ramade y Prasa. El Banco de España reconoce que, de haber prosperado la fusión con Unicaja, "la nueva entidad conjunta hubiera presentado un coeficiente de solvencia por encima del mínimo exigido, aun sin contar con el Fondo de garantías de Depósitos. La fusión fracasó el 21 de mayo, motivando la intervención y la venta a la BBK. La caja declaró el 31 de diciembre de 2009 un coeficiente de solvencia del 3,7% frente al mínimo legal del 8%.

Mientras, directivos de la BBK, la adjudicataria de Cajasur, se reúnen hoy con los directores territoriales y de zona de la entidad cordobesa, informa Europa Press. Esta será la primera toma de contacto que mantendrá la entidad vasca con los directivos de Cajasur para ofrecerles un esbozo de la estrategia que va a seguir en cuanto a gestión y negocio. En los próximos días también está prevista una reunión con los representantes de los trabajadores de la caja cordobesa.

Al margen de las reuniones de trabajo internas con directivos y sindicatos de Cajasur, los responsables de BBK han previsto encuentros de carácter institucional, como el que tuvo ayer el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), con el presidente de BBK, Mario Fernández, en Bilbao.