El juez solicita a la policía que verifique si dos etarras fueron adiestrados en Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado nuevas pruebas para confirmar los cursillos conjuntos organizados por ETA y las FARC en Colombia y Venezuela. Con el apoyo de la fiscal Teresa Sandoval, el juez ha pedido a la policía que verifique las declaraciones de los etarras Juan Carlos Besance y Javier Atristain ante la Guardia Civil. Ambos aseguraron durante su detención, a principios de octubre, que volaron a Venezuela en junio de 2008 en un viaje pagado supuestamente por el ex jefe militar de ETA Mikel Karrera Sarobe, Ata, para hacer cursillos de manejo de armas y explosivos. También señalaron a Arturo Cubillas, miembro de ETA deportado en ese país y funcionario venezolano, como uno de los organizadores.

La resolución de Velasco reclama a la Comisaría General de Información de la Policía que "verifique la veracidad" de las declaraciones de los etarras -que después estos no confirmaron ante el juez Ismael Moreno el pasado 4 de octubre- mediante "pruebas externas". En concreto ordena que se le informe sobre "si existen pruebas de que volaron a Venezuela" para realizar los cursillos y las fechas y números de los vuelos que tomaron. También quiere saber si fue efectivamente Ata quien les suministró el dinero para costear el viaje.

Velasco pide además nuevas diligencias a Colombia para contrastar la validez de la principal prueba del caso, los ordenadores que fueron incautados al ex jefe de las FARC Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, durante la operación militar en la que este murió, el 1 de mayo de 2008, en la selva ecuatoriana fronteriza con Colombia. Para ello, solicita a Bogotá que cite como testigo al jefe de investigaciones tecnológicas de la policía colombiana para que certifique cómo se requisaron, y si pudieron sufrir manipulaciones.

El juez también reclama, a petición de la supuesta delegada de las FARC en España, Remedios García Albert -procesada, como Cubillas, por estos hechos-, la copia de la declaración ante la fiscalía colombiana del capitán Ronald Hayden, el agente antiterrorista que analizó los ordenadores. Algunos de los imputados por su relación con las FARC en Colombia gracias al contenido de esos ordenadores se apoyaron en el testimonio de Hayden para asegurar que ese material informático, encontrado en territorio ecuatoriano, no fue custodiado correctamente, por lo que el contenido de los discos pudo ser adulterado. Interpol no halló indicios de que se hubiera "creado, modificado o suspendido" ningún archivo.

Velasco pide también a Colombia un informe sobre las circunstancias en que se encontraron esos ordenadores y sobre las personas que participaron en la "cadena de custodia" y las declaraciones que prestaron. Por último, reclama "todos los informes técnicos" sobre los ordenadores y sobre la posibilidad de que fueran manipulados. También quiere todas las resoluciones judiciales colombianas que estudien si el análisis de los archivos se ajustó a la legalidad de ese país.