Los municipios gastan el 26% de su dinero en servicios no obligatorios

Las maltrechas haciendas locales dejan poco margen para dar más servicios a los ciudadanos. Y menos para prestaciones a las que no están obligados, que ahora representan el 26,1% del gasto de las Administraciones locales, según un informe de la Diputación de Barcelona. Las dos mayores partidas corresponden a sufragar los cuerpos de policía local y actividades e instalaciones culturales. El 11% del presupuesto de los Consistorios, además, se destina a servicios que corresponden, pero desatienden, las Administraciones central y catalana.

La investigación arroja, no obstante, otro dato más preocupante. El 83,7% de ese dispendio no obligatorio se va a gastos corrientes, sobre todo a pagar personal, mientras que solo el 16,1% se dirige a inversiones reales. El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, se valió de estos datos para reclamar al Gobierno de Artur Mas "rigor" y no "oportunismo" en los recortes. "Hay cosas que los Ayuntamientos no podrán hacer más o no se podrán mantener del mismo modo", afirmó.

Esos gastos que deberían asumir otras Administraciones son, principalmente, servicios sanitarios, infraestructuras y transportes, aunque los Ayuntamientos también cubren con su dinero, sin tener que hacerlo, promoción social, servicios comunitarios, sociales y regulación comercial.

Los municipios pequeños son los que realizan un mayor esfuerzo para dar más prestaciones a sus ciudadanos. En 2009, el último año disponible del estudio, las localidades de menos de 5.000 habitantes dedicaron el 31% de su presupuesto a estos gastos, lo que se traduce en 507 euros por habitante. Los que tienen una población de más de 50.000 personas destinaron el 27%, es decir, 400,7 euros por ciudadano. La profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta explicó que la ley fija lo "que deben hacer los municipios según su tamaño", pero también dice lo que "pueden hacer". Y ese verbo les permitía suplir el gasto que no llega de otras Administraciones y que en época de crisis les supone un lastre para sus finanzas.

Aun así, esta proporción se fue reduciendo a partir de 2003. Hasta entonces, según un estudio también de la Diputación, los Ayuntamientos catalanes destinaban el 32% de su presupuesto a servicios no obligatorios, aunque para los Consistorios pequeños suponía el 43% del gasto. Fogué, tras detallar el informe de ayer, reclamó un "ajuste" de las "competencias reales" que debe asumir cada Administración pública para luego "fijar un nuevo sistema de financiación local". "Y no se puede alegar que hay crisis para no abordarlo", advirtió Fogué.