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Columna
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En misa y repicando

José María Ridao

Con las encuestas a favor, el Gobierno desgastado por la gestión de la crisis económica y los socialistas inmersos en un incierto debate sucesorio, parecería que el Partido Popular no necesita regresar a la estrategia de la crispación y del uso partidista de los problemas de Estado. Y, sin embargo, regresa a ella en cuanto se le presenta la más mínima oportunidad. La última, la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el sábado pasado. Mientras que el presidente del partido, Mariano Rajoy, intentó ponerse a resguardo no asistiendo, otros destacados dirigentes populares marcharon por las calles de Madrid atendiendo al lema: Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de las elecciones. Mediante esta estratagema infantil, el PP se proponía desmentir que sea imposible estar en misa y repicando.

El PP regresa a la estrategia de la crispación a la más mínima ocasión, aunque no lo necesita

Los organizadores de la marcha no dejaron de insistir en la responsabilidad del Gobierno si Sortu, o alguna otra marca abertzale, consigue concurrir a las municipales y autonómicas de mayo. De esta manera, pudieron disimular como una protesta contra el Gobierno lo que, en realidad, era un acto de presión a la justicia. Porque el Gobierno, que podía haber optado legalmente por la inscripción de Sortu en el registro de partidos, prefirió, en cambio, recurrirla a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, abriendo la puerta a la intervención de los tribunales. Hasta el momento, el Supremo ha rechazado la posibilidad de que Sortu se presente a las próximas elecciones, y queda por resolver el recurso ante el Constitucional. Por más que los gritos de los manifestantes se dirigieran contra el Gobierno, los destinatarios últimos del lema bajo el que se convocó la marcha no podían ser otros que los magistrados que tienen que pronunciarse todavía sobre la inscripción. Son ellos, en efecto, quienes decidirán si Sortu quedará o no fuera de las elecciones.

La asistencia del Partido Popular a la manifestación del sábado, validando el equívoco que estaba en el origen de su convocatoria y que se acentuó durante su desarrollo, tiene consecuencias que desbordan el marco de la lucha política y afectan al equilibrio entre poderes del Estado. Una cosa es que un grupo de ciudadanos salga a la calle para decirle abiertamente al Tribunal Constitucional cuál debe ser el sentido de su sentencia, y otra distinta que lo haga el principal partido de la oposición y eventual alternativa de Gobierno. En el primer caso, lo único que se pierde, que no es poco, es la posibilidad de criticar a los abertzales cuando sean ellos los que se manifiesten para presionar a los tribunales en el sentido opuesto al que exige la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En el segundo, demuestra que el Partido Popular no ha abdicado de la idea de que la justicia solo es justicia cuando avala sus puntos de vista o sus intereses electorales o políticos.

Con esta actitud, los populares están produciendo un grave perjuicio a la lucha antiterrorista, en la que, sin embargo, aseguran mantener su acuerdo con el Gobierno. La escenificación pública de las diferencias entre los partidos democráticos es el terreno que siempre han buscado la banda y sus acólitos, porque es en él donde mejor se mueven y donde encuentran la más potente caja de resonancia para sus inaceptables exigencias. Pero en el caso de la manifestación del sábado hay algo más: si el Tribunal Constitucional fallara contra la inscripción de Sortu, los portavoces abertzales no dudarán en sostener que la sentencia es interesada y que se debe a las presiones del Partido Popular, ante las que se habría rendido.

La deslegitimación política del terrorismo sufriría entonces un importante retroceso por la acción, precisamente, de quienes desean presentarse como sus más resueltos adalides. Cuando algunos dirigentes del Partido Popular sostuvieron el sábado que el Gobierno debe impedir la inscripción de Sortu "sea como sea", debieron de olvidarse de que, hasta ahora, se han llenado la boca con el eslogan de que, en la lucha antiterrorista, no valen los atajos. ¿No valen de verdad o no valen mientras al Partido Popular le conviene?

La estrategia de la crispación y del uso partidista de las cuestiones de Estado no es un episodio del pasado, sino un recurso político que el Partido Popular guarda en la cartera y que no duda en utilizar cuando se le presenta la más mínima ocasión. Es probable que el sábado recurriera a él solo para contentar al sector más radical de sus dirigentes y de su electorado. Lejos de ser un consuelo, se trata de un motivo acrecentado de preocupación. ¿Por qué creer que, una vez en el Gobierno, estará en mejores condiciones de contenerlo si, estando en la oposición, no ha podido zafarse de sus exigencias?

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