¿Sin administración valenciana de justicia?

Resulta conocido que nuestra administración de justicia padece graves problemas que parecen instalados como integrantes del paisaje de nuestros juzgados y tribunales: dilaciones estructurales, penuria de medios, falta de coordinación o serias insuficiencias tecnológicas, entre otras muchas deficiencias. Sin duda, buena parte de estas carencias debe ser solventada por el Gobierno central, a través de las correspondientes reformas legislativas y de la asignación de los jueces necesarios. No obstante, hemos de recordar que nuestra comunidad autónoma tiene competencias transferidas en materia de justicia, por lo que la Generalitat es la responsable de la gestión de la mayor parte de los recursos personales y materiales.

"Lo que está fallando es una gestión autonómica que sería manifiestamente mejorable"

Por desgracia, la actuación de la Administración valenciana en materia de justicia no sólo es más que discutible, sino que parece estar marcada por cierto desinterés y por una falta de voluntad que provocan la mayor parte de los problemas diarios en el ámbito judicial. La reciente paralización de decenas de miles de asuntos por el impago de la Generalitat al servicio de Correos representa una metáfora muy significativa sobre una gestión poco cuidadosa. Más preocupante es todavía la suspensión por falta de presupuesto de la puesta en marcha de buen número de órganos judiciales. Resulta paradójico que la administración autonómica reclame al Gobierno central más medios y, concretamente, más juzgados para la Comunidad Valenciana, a menudo con un discurso especialmente victimista. Pero, cuando son asignados estos recursos, es la propia Generalitat la que se muestra incapaz de poner sobre la mesa la parte que le corresponde. Ello ha provocado la paralización sine die de nuevos juzgados que tenían que haberse inaugurado a finales de 2010, en lugares tan necesitados como Alicante, Orihuela, Benidorm, Elche, Dénia, Torrevieja, Novelda, Villajoyosa, Nules, Gandia, Carlet, Llíria, Massamagrell y Quart de Poblet. Sin embargo, no parece que el recorte presupuestario sea un mal presente en todo el ámbito autonómico, a la vista de otras inauguraciones conocidas por todos y de numerosos fastos que se han mantenido a pesar de la crisis.

La situación de numerosas sedes judiciales es alarmante, entre goteras, humedad o insectos que amenazan el propio papel de los procedimientos. Sirva como ejemplo que nuestro edificio más emblemático, el Tribunal Superior de Justicia, no reúne las condiciones más elementales de salubridad. Por otro lado, la gestión en materia de personal mantiene un elevado número de funcionarios interinos, que llegan a los juzgados sin la más mínima formación previa y deben asumir en muchas ocasiones el trámite de expedientes que pueden afectar a la vida, a la integridad o al patrimonio de las personas. El continuo retraso en la asignación de funcionarios y el recorte de las partidas de refuerzo ha agravado la demora de los procesos. Y, a diferencia de otras comunidades autónomas, la Administración valenciana ha sido incapaz de aportar un diseño de la nueva oficina judicial, que es el modelo de futuro para nuestros órganos jurisdiccionales. En consecuencia, no puede sorprender que sigamos estando muy lejos de una administración de justicia moderna, dinámica y eficaz. Y lo peor es que quienes sufren estos perjuicios son los ciudadanos, que tienen derecho a un servicio público de calidad. En el contexto descrito resulta muy ilustrativa la desaparición orgánica de la Consejería de Justicia, que ha pasado a integrarse en el área de Solidaridad y Ciudadanía. En un momento en el que se está haciendo balance sobre la gestión autonómica, estos problemas no pueden pasar desapercibidos, pues necesitamos soluciones de quienes pueden tener en el futuro la responsabilidad de gobernar, sean del signo político que sean, para que se aporten alternativas con la finalidad de afrontar las reformas que precisa la administración valenciana de justicia.

Como si esperásemos a Godot, los jueces nos hemos acostumbrado a aguardar resignadamente la solución de cualquier problema que deba ser solventado por la Generalitat. Y ello abarca desde la falta de folios hasta los frecuentes bloqueos del sistema informático, pasando por las más variadas tardanzas en el mantenimiento de medios materiales imprescindibles. Debe recordarse que estas preocupaciones no sólo las hemos venido reiterando de forma constante desde el ámbito judicial, sino que han sido igualmente denunciadas por los colegios de abogados y procuradores, así como por los sindicatos de funcionarios. No puede sorprender que el decano del Colegio de Procuradores haya solicitado la devolución de las competencias autonómicas a la Administración central. Sin embargo, el modelo autonómico de nuestro Estado es el más apropiado para que se pueda profundizar en el principio constitucional de autogobierno. Desde el necesario respeto institucional, no podemos silenciar que lo que está fallando es una gestión autonómica que sería manifiestamente mejorable con una mayor sensibilidad, atención, inversión pública y comprensión de las estructuras judiciales. El problema no estriba en que la Comunidad Valenciana tenga atribuidas competencias en materia de justicia, sino en que éstas deben ejercerse con una adecuada responsabilidad.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana