Morir sin dolor

Seis meses después de anunciarlo, el Gobierno ha dado luz verde a la regulación por ley del derecho a una muerte digna -morir sin dolor- de los enfermos terminales. Su denominación oficial es más alambicada: Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida. La nueva regulación nada tiene que ver con la eutanasia, una promesa electoral del PSOE en 2004 -en realidad, la formación de una comisión en el Congreso para estudiar el tema- que ha ido diluyéndose ante el rechazo beligerante de los sectores más conservadores de la sociedad, abanderados al alimón por el Partido Popular y la Iglesia católica.

La regulación del derecho a una muerte sin dolor no sustituye a la de la eutanasia. Ocupa un espacio autónomo, aunque para algunos sea peligrosamente colindante. El debate sobre la eutanasia sigue pendiente y alguna vez habrá que afrontarlo con sensatez y sin prejuicios ideológicos, como ya han hecho otros países. Con los avances médicos actuales no tiene justificación alguna que un paciente terminal sufra un periodo de sufrimiento físico en su tránsito definitivo. Que el Gobierno lleve a cabo la tarea de encauzar este derecho mediante proyecto de ley en el último tramo de una legislatura dominada por la crisis económica y el paro no le resta importancia social; sobre todo si su posible relevo al frente del Estado, el Partido Popular, considera que la regulación es superflua.

Todo el articulado de la nueva norma tiende a reforzar los derechos de los pacientes terminales para decidir cómo quieren que sea el final de su vida, cuando ya no hay esperanza de una cura. Y la norma, según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, deja claro al personal sanitario y médico que esa es la voluntad que debe prevalecer, a la que debe ajustarse su actuación. Se corta así de raíz la posibilidad de que surja un movimiento de objeción de conciencia, por muy falto de justificación que esté.

La nueva regulación no es improvisada. Se remite a las líneas de actuación de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos elaborada hace pocos años por el Ministerio de Sanidad. El llamado caso Leganés y la persecución al doctor Luis Montes hacían ineludible un marco que respetara la voluntad del paciente y erradicara cualquier riesgo de inseguridad jurídica para los profesionales encargados de asistirle al término de su existencia.