140 conductores de ambulancia, a la calle

El transporte sanitario no urgente, el que prestan mediante concierto con la Comunidad de Madrid varias empresas de ambulancias, vive un nuevo conflicto, que se suma a los juicios abiertos en varios juzgados de Madrid y a los expedientes que Sanidad abrió en febrero después de que una de las empresas dejara colgados -con esperas de hasta ocho horas y el recurso a taxis para trasladar a los enfermos dados de alta- a los pacientes del hospital Ramón y Cajal. Los protagonistas de este nuevo episodio son 140 conductores de ambulancia que se acaban de quedar en la calle después de que las nuevas concesionarias del servicio se hayan negado a contratarlos. Y eso pese a que están obligadas a hacerlo. La subrogación de los trabajadores de la anterior concesionaria es obligatoria, y viene recogida tanto en los pliegos de condiciones del concurso de la Consejería de Sanidad como en el convenio colectivo del sector.

Las empresas se niegan a asumir la deuda de la anterior

Las dos empresas que tenían que contratar a estos trabajadores, Santa Sofía (a la que corresponde asumir a la mayoría de los conductores) y Ambulancias Alerta, aseguran que no lo hacen porque la anterior concesionaria, Translife, debe dinero a los empleados y tiene deudas con la Seguridad Social. "Los papeles que nos ha facilitado la empresa no están en regla, y el convenio dice que el requisito para subrogar a los trabajadores es que estén correctamente finiquitados", asegura Jorge Gómez, gerente de Santa Sofía. Un argumento muy similar al que esgrimen los responsables de Ambulancias Alerta: "No vamos a asumir la deuda de nadie", afirman.

La Consejería de Sanidad, que es la que tiene que asegurar la prestación de este servicio público, asegura que se trata de "un problema entre las empresas" y que, por tanto, no puede hacer nada. Un portavoz del Summa 112, que es el organismo que elabora los pliegos de condiciones y saca los concursos de transporte no urgente, admite que los pliegos obligan a subrogar a los trabajadores, pero bajo la condición de que ese traspaso "cumpla con todos los requisitos que indican las leyes, y eso lo tienen que negociar ambas empresas". La Administración, por tanto, no interviene. "Si no se ponen de acuerdo, lo tendrán que solucionar en la vía de lo social", añade el portavoz.

Mientras tanto, los 140 trabajadores están desde el sábado sin trabajo. Ese día firmaron el finiquito con la empresa anterior y el domingo tenían que empezar con la nueva concesionaria. Carlos Partal, del antiguo comité de empresa de Translife (CGT), asegura que los trabajadores están en medio de una guerra entre empresas y que no hay nada que impida a las nuevas contratarles. En algunos casos los empleados acumulan 10 años de antigüedad. También denuncia que Translife debe a cada trabajador entre 7.000 y 8.000 euros por retrasos en el cobro de nóminas y pagas extraordinarias, pero afirma que el convenio obliga a la subrogación aunque existan deudas.

Translife, por su parte, niega que deba dinero a sus ya extrabajadores y asegura que el asunto está en el juzgado. "Se cumplen todos los requisitos para que las nuevas empresas les subroguen, pero prefieren contratar en precario a otros y ahorrarse la antigüedad", afirma el gerente.

Los empleados en el paro preparan una concentración y denuncian que se están produciendo retrasos en el servicio, algo que Sanidad niega. "Hoy [por ayer] es el primer día de ambas empresas con lo que se puede producir alguna alteración lógica, que suele ocurrir en cualquier cambio de este tipo. Estamos muy pendientes para que no se produzcan incidentes", aseguró el portavoz del Summa.