Un tribunal suspende el polémico plan de presas para la Patagonia

El polémico proyecto para construir cinco grandes presas en la Patagonia chilena ha sufrido un revés judicial. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt admitió a trámite tres recursos, de asociaciones ecologistas y parlamentarios, contra el proyecto y ha suspendido la obra cautelarmente. El proyecto, de 2.750 megavatios de potencia -casi como tres reactores nucleares-, está impulsado por Endesa Chile (51% de las acciones) y la chilena Colbún (49% restante)

Los recursos pretenden anular la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén que aprobó el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. El tribunal acogió una petición de paralización temporal de las obras hasta que la justicia resuelva el fondo de la causa.

La aprobación levantó masivas protestas en las principales ciudades

El Gobierno dice que falta potencia eléctrica por el 'boom' del país

La tramitación de estos tres recursos puede implicar entre seis y siete meses de detención de las obras hasta que resuelva el Tribunal Supremo, señaló una fuente judicial. Hidroaysén, en cambio, afirmó en un comunicado que el fallo es una "decisión judicial de tipo administrativo que no paraliza la tramitación del proyecto" y no afecta a su calendario de trabajo.

Esta resolución supone un duro traspié para el megaproyecto Hidroaysén, situado en el corazón de la Patagonia, 1.650 kilómetros al sur de la capital, Santiago. Su aprobación ambiental por parte de funcionarios regionales de gobierno en Aysén el 13 de mayo pasado ha motivado masivas y periódicas manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país contra el Gobierno.

Los sondeos indican que más del 70% de la población rechaza este proyecto, aunque las autoridades plantean que se requiere para sostener el crecimiento económico del 6% anual que prevé Chile. Con una inversión prevista de 3.200 millones de dólares (2.200 millones de euros), el proyecto Hidroaysén incluye la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, dos de los principales ríos vírgenes del contienente. De completarse la construcción, las presas inundarán 5.910 hectáreas de territorio virgen en la Patagonia y producirán una generación de 2.750 megavatios de energía eléctrica.

La empresa ha defendido que son grupos extranjeros los que financian a los ecologistas que se oponen y sostiene que hay embalses mayores proyectados en Argentina o Brasil que no reciben tantas críticas.

El fallo "es un gran triunfo del país para proteger la Patagonia, que es la segunda reserva mundial de agua dulce", afirmó en declaraciones a radio ADN el presidente del Senado, Guido Girardi, uno de los cuatro parlamentarios que presentó el recurso contra Hidroaysén y opositor al Gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera.

Los recursos de protección sostienen que la resolución ambiental favorable a Hidroaysén vulneró garantías constitucionales como el derecho a vivir en un ambiente limpio. El fallo "protege el derecho de todos los chilenos, pone el bien común por delante de los intereses de las empresas, en contra de lo que se había hecho hasta ahora", agregó Girardi.

Otro de los parlamentarios que interpuso los recursos, el senador de derechas Antonio Horvath, afirmó que espera que el fallo contribuya a que el Gobierno "reconsidere el apoyo que le ha dado a este proyecto". Criticó que el respaldo de algunos ministros a Hidroaysén "rompe la institucionalidad ambiental" porque ellos son instancias de apelación en la aprobación de los proyectos. Horvath, del mismo partido en el que militaba Piñera, aseguró que la resolución llega en un buen momento porque "hay una campaña proHidroaysén millonaria".

Según los recurrentes, en el proceso de aprobación ambiental de Hidroaysén se adulteraron informes, hubo conflictos de intereses, se modificaron resoluciones que previamente eran negativas y terminaron siendo positivas por las presiones. La legislación establece que los funcionarios regionales son quienes deben aprobar o no en primera instancia los proyectos con impacto ambiental pero deja la resolución final en manos de un comité de seis ministros.