Un juez admite una deuda millonaria con la Complutense

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sentenciado que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre debe 43,3 millones euros para obras a la Universidad Complutense. Ese dinero quedó comprometido en el plan regional de inversiones para las seis universidades públicas madrileñas, un acuerdo firmado en 2007 y con vigencia hasta 2011. La Comunidad dinamitó el convenio en 2009 y dejó de pagar en los años sucesivos. La Complutense fue la única que denunció el incumplimiento en los tribunales. La sentencia, que se suma a dos anteriores sobre distintas partidas, no es firme. La Consejería de Educación anunció ayer que presentará un recurso de casación.

El fallo del TSJM, fechado el 22 de julio y notificado el 14 de septiembre, señala que las cantidades recogidas en el plan de inversiones "son de abono obligatorio por parte de la Comunidad", e insta a la Administración a que "ponga "a disposición" de la universidad los 43,3 millones reclamados. No incluye los 3,8 millones que pedía además en concepto de "daños y perjuicios".

El TSJM considera "intrascendente" el hecho de que se recogieran o no los créditos necesarios para cumplir el convenio en la Ley de Presupuestos y señala que el acuerdo obliga a las partes, por lo que cualquiera de las universidades que lo suscribió puede pedir la ejecución de su contenido durante el periodo de vigencia del convenio.

Educación respondió ayer en un comunicado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, y se aferró a un fallo anterior del TSJM, del 13 de julio de 2011, que definió el plan de inversiones como "un mero acto de planificación que está condicionado por lo que fije la Ley de Presupuestos de cada año". En aquella ocasión, la Complutense reclamaba 20 millones de retrasos en las inversiones de 2009.

Hay una tercera sentencia del mismo tribunal, notificada en febrero, que reconocía 18 de los 57 millones que pedía la Complutense por deudas atrasadas en el pago de la informatización de datos (2,3 millones), 16,9 millones por el impago de inversiones del ejercicio 2008 y 31,5 más por el incremento de las pagas extraordinarias, que fue la parte que desestimó el TSJM.

Los rectores de las seis universidades públicas se enfrentaron a la Consejería de Educación tras el recorte al plan de inversiones. Vivieron un periodo tenso y firmaron manifiestos acusaban al Gobierno regional de "ahogo" económico y reclamaban deudas millonarias.

Las mayores confrontaciones fueron con el exrector de la Complutense, Carlos Berzosa, que dejó el cargo el pasado curso y abandonó también la presidencia de la conferencia de rectores de Madrid. El grupo rectoral, que ahora encabeza Javier Uceda (Politécnica), tiene pendiente negociar un nuevo plan de financiación con la Comunidad de Madrid.