La Xunta defiende el fichaje de un promotor como jefe de Urbanismo

Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

"Sanxenxo es una escuela de urbanismo para cargos del PP", reprocha Lobeira

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".