Peor el remedio que la enfermedad

El Gobierno de Rajoy baraja la posibilidad de sancionar a las comunidades autónomas que se desvíen de su objetivo de déficit. En nuestra opinión, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

La hipótesis de la disuasión predice que la introducción de una sanción reducirá la ocurrencia de la conducta sujeta a la multa. Esta hipótesis es la que el gobierno tiene en la cabeza cuando considera estas sanciones. Lo que el gobierno no tiene en cuenta es que dicha hipótesis parece que no se cumple empíricamente. En un famoso artículo Gneezy y Rustichini (Una Multa es un Precio) muestran que en algunas circunstancias la introducción de una multa solo incentiva al comportamiento que se quiere corregir. ¿Por qué? Antes de la introducción de la multa la consecuencia exacta del comportamiento a corregir no estaba especificada.

Debería crearse un Consejo de Estabilidad Presupuestaria que cumpliese las reglas

Pongamos el caso de las comunidades autónomas. En ausencia de sanciones, los Gobiernos autonómicos pueden formarse cualquier creencia sobre las consecuencias de gastar más de lo presupuestado y actuar en consecuencia. Gobiernos autonómicos que crean que las consecuencias serán mínimas, gastarán mucho más que aquellos que crean lo contrario. La introducción de la multa clarifica las consecuencias y puede cambiar el comportamiento de algunos gobiernos regionales. Es decir, si la multa (que puede entenderse como el precio de desviarse) es inferior a la percepción del castigo a desviarse previo a la introducción de la sanción, esta política no arreglará nada. Incluso podría empeorar el comportamiento de muchos gobiernos autonómicos. Esto podría dañar la maltrecha credibilidad de nuestras administraciones públicas.

La semana pasada salía a la luz desde FEDEA el primero de los informes del Observatorio Fiscal y Financiero de las comunidades autónomas (http://www.fedea.net/ccaa/). Usando los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades y homogeneizados por el Ministerio de Hacienda, dicho informe que presenta una proyección del déficit de las distintas comunidades en el año 2011, pone de manifiesto dos cosas. Primero, que ninguna comunidad cumplirá el objetivo de déficit. En conjunto, las comunidades autónomas se gastarán unos 15.000 millones más de lo presupuestado. Segundo, que la contribución a este desvío es muy heterogénea. Por un lado, tenemos el comportamiento ejemplar de la Comunidad de Madrid (le corresponde menos del 1% del desvío cuando su economía representa el 18% del total) y por el otro Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia e Islas Baleares con unos números sonrojantes (todas con contribuciones al déficit más de dos veces sus contribuciones al PIB nacional).

Los 15.000 millones ponen de manifiesto que el gobierno hace bien en estar preocupado por el comportamiento de las comunidades autónomas y pensar formas de corregirlo. No es posible cumplir con nuestro objetivo de estabilidad sin que lo hagan las comunidades autónomas ya que estas son responsables de más del 60% del consumo público. La alta heterogeneidad indica que las percepciones sobre las consecuencias de desviarse del objetivo de déficit son muy heterogéneas entre las diferentes comunidades y las consecuencias de un sistema de sanciones son difíciles de predecir, e incluso, podrían ser contraproducentes.

Los resultados del observatorio ponen de manifiesto que es posible conocer los déficits con alguna antelación. Así, se podrían crear mecanismos que obligasen a las comunidades autónomas a subir sus impuestos inmediatamente a la luz de cualquier desvío. Un mecanismo como este haría a los ciudadanos de las diferentes comunidades responsables de los actos de sus dirigentes regionales. Esto evitaría reformas fiscales como la presentada el 30 de diciembre en la que los ciudadanos madrileños tienen que pagar los déficits valencianos.

Claro, un sistema como el presentado tiene el problema de que un gobierno de un color puede castigar a autonomías de otro por razones políticas. Por eso, al mismo tiempo, debería crearse un Consejo de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas que hiciese cumplir las reglas. Este consejo debería ser independiente y vinculante para todas las administraciones. Consejos de esta índole se han creado recientemente en el Reino Unido y Suecia. Como era de esperar, estos países han sido poco castigados por la crisis de deuda soberana que nos asola. Esperemos que Rajoy tome nota de las cosas que se hacen bien en nuestros vecinos del Norte.

J. Ignacio Conde-Ruiz es profesor de Análisis Económico de la Complutense e investigador de FEDEA y Juan Rubio-Ramírez es profesor de Economía en la Universidad de Duke y director de la Cátedra FEDEA-IBERDROLA.