Rebelión en el Banco de España

“Creíamos que no había hueco para hacer más tonterías; pero sí, lo había”. Un veterano banquero se expresaba con fina ironía en una conversación informal sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno del PP en el sector financiero. El banquero resumía el malestar del sector por la falta de un esquema definido, decisiones desacertadas, bandazos y “destrozos institucionales nunca vistos”, como el que ha llevado la sumisión del Gobierno español a las autoridades europeas en casos como la contratación de auditores para evaluar el sistema financiero. A su juicio, que coincide con el del Banco de España (BE), esa decisión lleva a un descrédito y desconfianza de la institución y, como consecuencia, puede conducir a la creación de un gran banco público porque ningún inversor va a querer acudir a la subasta de entidades semi intervenidas por la incertidumbre existente.

La irritación ha ido en aumento hasta el punto de que en el BE, aunque oficialmente mantiene que “no hay nada que decir”, no resulta difícil pulsar el malestar. El conjunto de funcionarios que trabajan en la institución, desde los inspectores hasta los miembros del Servicio de Estudios, se sienten maltratados y ninguneados y no han tardado en elaborar escritos. Uno de esos escritos fue presentado por el delegado de personal en el consejo de la entidad el miércoles. En él se queja de la actuación del Gobierno, subraya la identificación de los trabajadores con la institución y le piden que rectifique. Sin embargo, cuando lo leyó ya se había ausentado el director general del Tesoro, Íñigo Fernández Mesa, consejero por cargo y principal destinatario como correo de Guindos.

La Asociación de Inspectores del Banco de España ha elaborado otro escrito que ha remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la carta, de cuatro puntos, los inspectores afean la actuación y subrayan que ha situado “el prestigio de una centenaria institución tan prestigiada como el BE en el nivel más bajo de su historia”. Sostienen que “la desconfianza creciente en la capacidad y voluntad del BE por gestionar con rigor y firmeza la crisis afecta directamente a la credibilidad exterior del sistema financiero español cerrando los cauces de financiación principales”.

En el primer punto piden que “exija la debida rendición de cuentas por las actuaciones del BE en el ejercicio de sus competencias supervisoras y reguladoras ante el Parlamento mediante una comisión de investigación”, convencidos de su “impecable labor”.

En el segundo punto, solicitan “proceda a introducir los cambios normativos necesarios que permitirán el control de la actividad supervisora que garanticen la independencia técnica”. Recuerdan que 2006 —con Jaime Caruana de gobernador, que nadie lo olvide— alertaron de los desequilibrios que se acumulaban en el sistema y de sus consecuencias.

En tercer lugar, piden que se organice “una exhaustiva revisión de las entidades de crédito que incluya la valoración de la cartera de activos, pero no que no olvide los otros riesgos inherentes a la actividad” y dicen que la deben hacer los propios inspectores, en clara alusión a la contratación de auditores externos.

Y, por último, aprovechan para instar al presidente a que “inicie las acciones precisas para proceder al urgente relevo de los dos órganos rectores unipersonales del BE”. Es decir que presione a Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) y a Javier de Aríztegui para que dejen sus cargos de gobernador y subgobernador antes del plazo legal del 12 de julio, una derivada que no ha caído muy bien en otros colectivos del BE por considerar que no hay razón para mezclar las cosas.

Para esa fecha Guindos tendrá que haber elegido la persona que sustituya a MAFO y, según sus palabras, pactarlo con el PSOE. En esa carrera ha ganado enteros el ex director general del BE Luis Linde, nombrado el viernes consejero del BE y que no está mal visto por el PSOE. Pero Guindos propone y Rajoy dispone.

El BE tiene bien ganado un prestigio a nivel internacional que el Gobierno se puede llevar por delante. “Dicen que quieren introducir confianza y lo que introducen es descrédito, que es la base de la desconfianza”, sentencia un inspector. “Las auditorías que han encargado son innecesarias y máxime cuando las tienen que tener listas en solo un mes, no entendemos nada, y además, lo único que van a hacer es una nueva prueba de estrés con los mismos resultados”, apunta al tiempo que reseña que las auditoras van a tener acceso a la información confidencial del BE.