Los exdirectivos de las cajas gallegas se aferran a sus indemnizaciones

La historia de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova tiene flecos que recuerdan a los episodios más vergonzosos de la crisis de la CAM. Cuatro exdirectivos que cobraron 19 millones de euros, y a los que les esperan otros 33 cuando cumplan 65 años, defienden con uñas y dientes sus indemnizaciones y se culpan mutuamente del fracaso de la integración, consumada en diciembre de 2010. “No solo vaciaron el cajón, se quisieron llevar hasta los últimos céntimos”, describe un sindicalista de UGT. Nacionalizada con 3.600 millones, con necesidades de capital actuales que suman otros 7.176 millones de euros según el test de Oliver Wyman, Novagalicia Banco (NCG) está al borde de la liquidación, según la última advertencia de la agencia Fitch.

Pero a la luz del relato que los exdirectivos dieron esta semana al juez Ismael Moreno, la cosa no iba con ellos. Ni siquiera por el hecho constatado de que autorizaron un balance de fusión con un descuadre de 982 millones por aplicar tasaciones infladas e información errónea sobre suelos y promociones, según desveló la auditoría. Ser un pésimo gestor, al fin y al cabo, no es un delito. Al contrario, los cuatro ejecutivos insistieron en que provenían de cajas de ahorros con las cuentas saneadas y sin tachas en las auditorías. Pero el fiscal les reprocha algo más mundano: acordar mejoras en sus contratos de alta dirección ocultando los cambios al Consejo de Administración y al Banco de España, para lo cual contaron con la “necesaria cooperación” del presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, que declara el lunes. Esos cambios los habrían realizado para “preparar su previsible y futura salida de la entidad bancaria” dos meses antes de la puesta de largo de la fusión instigada desde la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP).

García Paredes ha incumplido su promesa de devolver parte de lo cobrado

El primero en pasar por la Audiencia Nacional esta semana fue Javier García de Paredes, ex director adjunto procedente de Caixa Galicia. Su caso es peculiar. Fue el último en marcharse, en octubre de 2011, cuando la fusión hacía agua y Novacaixagalicia se había transformado en NCG Banco. En aquel momento aseguró a este periódico que renunciaba a parte de su indemnización porque le parecía “excesivo” cobrar 5,6 millones cuando el FROB estaba a punto de inyectar 2.400 millones.

José María Castellano, ex consejero delegado de Inditex y entonces recién llegado a la presidencia de NCG, aplaudió su gesto públicamente dando el tema por zanjado e inició conversaciones con otros tres exdirectivos para que hiciesen lo mismo. Ironías del destino, García de Paredes cobró el finiquito y no lo ha devuelto, aunque ante el juez insistió esta semana en renunciar al 40% de su indemnización y el 63% del plan de pensiones. Afirmó que la investigación judicial paralizó el reembolso.

Lo curioso es que pese a tanta voluntad, no llegase a un acuerdo con el fiscal, que le reclama 5,2 millones por haber percibido la liquidación de golpe y no mes a mes hasta 2025, como estipula su contrato. Incluso hizo creer que le hacía un favor al banco porque de esta forma le “ahorraba” 1,2 millones de euros en intereses por la póliza que habría que suscribir para garantizar los pagos. “El argumento suena a chiste”, reflexiona un sindicalista de CIG, la central que presentó la denuncia.

De Paredes, además, percibió una “compensación bruta especial” de un millón de euros “sin contar con el visto bueno del Banco de España”, según el escrito de la Fiscalía. En el interrogatorio aseguró que José Luis Pego, el exdirector, era el responsable de las gestiones ante el regulador.

El exdirector Pego dice que informó en todo momento al Banco de España

Algo parecido dijo un día después Gregorio Gorriarán, al mando de la división inmobiliaria. Más delgado, con el pelo rapado casi al cero, Gorriarán confiaba en que, tras su marcha de la entidad, Castellano iba a ficharlo como asesor para temas relacionados con el ladrillo. Por eso dejó durante algunos días su despacho sin recoger y su Maserati aparcado en el garaje de la sede en Vigo. Un año después y tras percibir 4,8 millones como indemnización (otros 9,2 millones le esperan en su retiro) ha fundado su propia sociedad inmobiliaria, Valle Rojo Inversiones. Ante el juez reclamó como suyos 913.602 euros procedentes de una paga por resultados hasta el año 2021 y un premio especial “por dedicación”, que el fiscal considera indebidamente cobrados.

En los mismos conceptos se basa la reclamación de 260.940 euros contra Óscar Rodríguez Estrada, responsable de la oficina de integración durante la fusión. Fiel escudero de Gayoso, expresidente de Caixanova, descargó toda la responsabilidad en Pego presentándose a sí mismo como un mero directivo que tuvo que adherirse al contrato que mejoraba su jubilación para equiparar sus condiciones con las de la cúpula de Caixa Galicia.

El último en responder ante el juez fue el exdirector José Luis Pego, que creció, más que a la sombra, a los pies de Gayoso. “En las asambleas, cuando se levantaba para hablar, esperaba un gesto del presidente para volver a sentarse”, recuerda otro sindicalista de CIG. Culto, afable y bien considerado en Caixanova cuando se marchó, forzado por Castellano, escribió en una carta a los empleados: “La caja, vosotros, las personas que en ella habitáis, me habéis dado mucho. Más de lo que jamás podré llegar a devolver”. En concreto, lo que debería devolver son 1,4 millones de su liquidación, que suma 7,7 millones, resultado de multiplicar su salario fijo (627.000 euros) por los años que le quedaban para jubilarse en el momento de su baja (tenía 54).

Sus tres colegas en la cúpula de la entidad descargan en él la responsabilidad de haber informado al Banco de España cosa que, según su testimonio, hizo puntualmente. Asegura que también informó al consejo. Y en efecto, la provisión de fondos para dotar sus contratos se aprobó en el último punto del orden del día en una reunión de agosto. Las actas de aquel encuentro apenas aclaran el destino del dinero y los consejeros que votaron en contra (tres) admitieron hacerlo más por intuición que por tener datos sobre lo que se estaba preparando.