La política económica en 2012

Aunque 2012 pertenece ya al pasado, hay algunas lecciones que tal vez puedan ayudar para el futuro. Algunas parecen haber sido aprendidas; otras no.

El año no comenzó bien, no tanto por las primeras medidas adoptadas ni por la reforma laboral a pesar de sus lagunas, sino por el aplazamiento de los Presupuestos y por el manejo de la crisis de Bankia.

Fue un error, todo el mundo lo reconoce ahora, demorar la presentación de los Presupuestos para 2012 hasta pasadas las elecciones en Andalucía. Un doble error: primero, porque lanzó el mensaje a los mercados, y a Bruselas, de que las consideraciones políticas a corto plazo prevalecían sobre las necesidades económicas y, también, porque no sirvió políticamente para nada. A lo cual hay que añadir el anuncio hecho a la Comisión Europea de que España alteraba unilateralmente el déficit pactado por el Gobierno anterior (imposible de cumplir por lo abultado del desequilibrio de las cuentas públicas que había dejado) y que ello era una cuestión de soberanía nacional.

Por lo que se refiere a Bankia, las sucesivas y contradictorias declaraciones sobre la amplitud de su desfase patrimonial introdujeron un elemento de incertidumbre en los mercados que les llevó a poner en duda la fiabilidad de las estadísticas españolas y la transparencia del sistema financiero, por lo que cundió la sospecha de que el desequilibrio patrimonial del conjunto del mismo podría superar con creces las previsiones de las autoridades.

Afortunadamente, todo esto forma parte del pasado. Se presentaron al fin los Presupuestos, se aclararon las pérdidas de Bankia, se eligió un profesional de reconocido prestigio para gestionar su recuperación, se llevó a cabo una valoración independiente de las pérdidas potenciales del conjunto del sistema financiero y se aceptó, como no podía ser de otra manera, que en la Unión Europea los déficits públicos afectan a todos sus miembros y que por ello no son materia exclusiva de la soberanía de cada uno de los países que la forman.

Estos asuntos podrían haberse solucionado con más rapidez y de manera más transparente. El no haberlo hecho a tiempo fragilizó nuestra situación cuando se desencadenó, a mediados de año, la especulación contra el euro. Los protagonistas, anglosajones por lo esencial, pensaron que podrían forzar la salida de Grecia de la eurozona y que tras ella vendrían los países más débiles —Portugal primero, España e Italia después—, por lo que la Unión Monetaria se desintegraría. Se trataba de una especulación sin sentido, pero la ambigüedad de Alemania hizo que durara bastante más de lo que hubiera podido considerarse como normal. Por una parte, los responsables alemanes reiteraban su convicción de que la eurozona no se resquebrajaría, pero por la otra negaban una y otra vez al Banco Central Europeo los medios necesarios para defender la Unión. No es una casualidad que el punto de inflexión de la crisis se alcanzara cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, declaró que el banco haría “lo que fuera necesario” para salvar al euro. Aunque nadie sabe lo que se oculta tras esta frase, los mercados dieron por buena la respuesta y desde entonces, es decir, desde después del verano, vivimos en una especie de tregua que se ha reforzado tras el acuerdo de creación de un supervisor bancario único en la eurozona.

En nuestro país, el Gobierno adoptó una nueva serie de medidas de contención del gasto público y de aumento de los ingresos fiscales cuando resultó evidente que los objetivos iniciales en materia de reducción del déficit no podrían alcanzarse. Esta vez, para satisfacción general, la negociación con nuestros socios de la Unión Europea transcurrió por los cauces adecuados.

Entramos en el nuevo año con dos activos importantes para el futuro. Por una parte, los esfuerzos por reducir el déficit público, especialmente tras las últimas medidas, parecen haber tranquilizado a los mercados. Es cierto que es muy probable que no pueda alcanzarse el objetivo de reducir el déficit de las Administraciones públicas hasta el 6,3% del PIB, pero es razonable pensar que, una vez descontadas las ayudas a las cajas de ahorros, no nos quedemos muy lejos de conseguirlo. El argumento de que habría que ir más despacio en la reducción del déficit no es relevante, ya que el ritmo de su reducción no depende solo de nosotros, sino de lo que se consiga negociar con Bruselas. Esta lección parece haberla aprendido el Gobierno, aunque es dudoso que la oposición lo haya hecho a pesar de que ya tuvo que sufrir los rigores de Bruselas cuando estaba en el poder. Más interés tienen, desde este punto de vista, las ayudas a las cajas de ahorros, que ahora se considera que forman parte del déficit público mientras que cuando, al principio de la crisis financiera, los Gobiernos de los países de la Unión Monetaria salvaron a sus bancos, sus ayudas no se contabilizaron así. La situación ha cambiado, pero en aquellos momentos la tesis oficial en España proclamaba que nuestro sistema financiero era uno de los más sólidos del mundo y que por ello no era necesario ayudarle. El Banco de España no intervino a pesar de que sus inspectores advirtieron de lo que todo el mundo sabía: que nuestro problema no eran los activos tóxicos de los bancos, sino la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias sobre el balance de las entidades financieras.

El otro activo importante es el comportamiento de las exportaciones, pues nuestras empresas han sido capaces de ganar cuota de mercado a pesar de la dureza de la competencia. Y además las exportaciones de mercancías se dirigen cada vez más hacia mercados fuera de la Unión Europea, es decir, hacia zonas con un potencial de crecimiento mayor que el de la eurozona. Por primera vez en muchos años, terminaremos el ejercicio con un excedente en la balanza de mercancías y servicios y, si las cosas no se tuercen, este año acabaremos con un excedente en la balanza por cuenta corriente, paso fundamental para reducir el fuerte endeudamiento privado en los mercados internacionales, lo que constituye, en la perspectiva del largo plazo, nuestro principal problema.

Desde el punto de vista de la actuación del Gobierno, terminamos el año mejor de como había comenzado, con una política económica más coherente y creíble y con mejores perspectivas. El primer trimestre será aún muy difícil, pero poco a poco la economía dejará de caer y, con suerte, podría crecer ligeramente en la última parte de 2013. Es cierto que el precio del ajuste ha sido muy elevado en términos de bienestar y empleo y que es inevitable que de nuevo registremos una caída de la actividad este año que comienza, pero, contrariamente a lo sucedido en 2012, el final de 2013 podría ser bastante más esperanzador si tanto el Gobierno como la oposición quisieran tomar en cuenta de común acuerdo algunas de las duras lecciones de la crisis.