Un centenar de cargos de cajas de ahorro están implicados en procesos judiciales

Las cajas de ahorro tuvieron su origen en los montes de piedad. Durante décadas sobrevivieron a periodos de carestía, pero no han superado las épocas de bonanza. Los excesos de algunos de sus directivos y miembros de los consejos de administración los han conducido al banquillo. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, es el primer banquero que duerme en prisión, pero puede no ser el único: el futuro de casi un centenar de altos cargos de las cajas de ahorro lo decidirá un juez.

El caso Bankia es el más llamativo. La fusión de siete cajas de ahorro, algunas con graves problemas de solvencia, para crear un gigante financiero, las dudas sobre su salida a Bolsa, la comercialización de las preferentes y la nacionalización de la entidad han conducido al banquillo a los 33 consejeros de BFA-Bankia. Entre los imputados destaca Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del PP y expresidente de la entidad; José Luis Olivas, expresidente de Bancaja; Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia; José Manuel Fernández Norniella, ex alto cargo en el Gobierno de Aznar, y Ángel Acebes, exministro de Justicia con Aznar, entre otros consejeros entre los que hay representación del PP, PSOE, IU y sindicatos.

Las entidades con más ejecutivos imputados son las que han tenido que ser rescatadas por el Estado, que ha entregado más de 36.000 millones para taponar el agujero creado por la cuestionada gestión de las cajas.

El FROB, el instrumento estatal para sanear el sector financiero y usado por el Gobierno para rescatar a las cajas, es el mecanismo que trata de exigir responsabilidades sobre las actuaciones más polémicas. Está gestionado en 10 causas contra los banqueros. Este fondo estatal interpuso ocho querellas contra la dirección del Banco de Valencia por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. Como consecuencia de ello hay ocho ejecutivos imputados porque el FROB cree que sus actuaciones provocaron un perjuicio de 630 millones para la entidad. Entre ellos, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y expresidente autonómico; Domingo Parra, ex consejero delegado; y Antonio Tirado, ex director general de la caja.

Otra de las entidades salpicadas por la gestión de sus directivos es la Caja del Mediterráneo. Cinco de sus ex altos cargos desfilan ante un juez de la Audiencia Nacional acusados de presuntos delitos de estafa, manipulación del precio de las cosas y supuestos delitos societarios. La CAM requirió una inyección de 2.800 millones del FROB para evitar el colapso. Los administradores del fondo estatal destaparon numerosas irregularidades en la concesión de créditos dudosos en operaciones inmobiliarias y en la concesión de jugosas autoprejubilaciones de los directivos. El juez de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, ha señalado al ex director general de la entidad, Roberto López Abad; el ex director general de recursos, Vicente Soriano Terol; la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, y el ex director adjunto de inversiones, Daniel Gil, así como al expresidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés.

El funesto episodio de intervención de las cajas de ahorro durante la actual crisis lo estrenó Caja Castilla-La Mancha. Los especialistas del Banco de España que se hicieron cargo de la entidad revelaron las irregularidades que generaron una oleada de querellas. De resultas, el expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y el director general, Ildefonso Ortega, fueron imputados por conceder préstamos supuestamente irregulares.

En la lista de entidades rescatadas y con ejecutivos imputados figura Novagalicia. La Audiencia Nacional admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que denunciaba las prejubilaciones opacas que se había autoconcedido el consejo de la entidad cuando los problemas ya eran más que evidentes. El juez ha imputado a Julio Fernández Galloso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Francisco Javier de Paredes que trataron de cobrar 30 millones en indemnizaciones. Otros casos similares a los descritos anteriormente han terminado con directivos de Caja Penedés, Banca Cívica y Eurobank en los tribunales.