La subida de la luz será del 45% para los hogares que dejen el bono social

El aumento del precio de la luz para los hogares que dejen de beneficiarse del bono social será mucho mayor que para el resto que pagan la tarifa normal (llamada antes tarifa de último recurso y ahora precio voluntario al pequeño consumidor). El bono reduce un 30% la tarifa, por lo que al salir de él, pagará esa diferencia más el 3,2% que aumentará para todos, por lo que porcentualmente es un incremento en torno al 45%.

El nuevo bono social se fijará de acuerdo a una renta mínima que dará derecho a él. Aunque todavía no se ha fijado una cifra, Industria maneja entre 25.000 y 30.000 euros al año para una familia tipo de cuatro miembros. Según sus cálculos, supondría un coste de 200 millones de euros que correría a cargo de los grupos eléctricos, que sin embargo la elevan a una cantidad más cercana a los 300 millones.

Este lunes, precisamente, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha rechazado el nuevo bono social. Según esta asociación, supone limitar el acceso de muchos colectivos que hasta ahora se beneficiaban del mismo. Aunque no existen datos exactos, previsiblemente dejará fuera un porcentaje considerable de familias con tres o más hijos, lo que considera injusto.

Ante ello, exigen que el límite de renta se fije basándose en la renta per capita y no a la renta familiar. De esta forma, en una familia con cuatro hijos con unos ingresos de 60.000 euros, la renta per capita en un hogar formado por seis miembros sería de 10.000 euros, ligeramente superior al salario mínimo interprofesional (9.160,2 al año). “Si el Gobierno quiere hacer justicia social y apoyar a quien más lo necesita, resulta contradictorio que se limite el acceso solo a las familias numerosas y solo pensando en términos de renta”, critican.

El bono social se instauró en 2009 y era costeado por las eléctricas hasta que en julio del año pasado una sentencia del Supremo que razonaba que no estaba legalmente justificado y pasó a financiarse con la tarifa. Hasta ahora afecta a colectivos que cumplen alguna de las cuatro condiciones siguientes: pensionistas con prestación mínima, familias numerosas, hogares con todos los miembros en paro y contrato de menos de tres kilovatios de potencia. Según las empresas era un coladero, sobre todo en esta última condición, beneficiándose de él más de cinco millones de hogares. Ahora el Gobierno sostiene que existen argumentos para cumplir la sentencia y que su medición será más justa, en lo que sí coinciden las empresas.

Por otra parte, la Comisión Europea ha anunciado que vigilará de cerca si la reforma supone “riesgos regulatorios” a la inversión en renovables y si tendrá impacto en el logro del 20% de energía sobre el total en 2020. Según la Comisión, pueden dificultar la inversión privada en renovables. “La Comisión es consciente de la necesidad de abordar el déficit de tarifa, que es una prioridad, y de que el apoyo a las renovables constituye una parte importante de los costes de la electricidad en España”. Fuentes del sector de renovables lamentan, además, que España pierda la oportunidad de tener un sector con una posición envidiable de liderazgo mundial y que ahora esté en vías de desmantelamiento.

Por su parte, Red Eléctrica (REE) estima que la reforma supondrá una reducción de la remuneración de la empresa por el transporte de energía de 100 millones sobre los 1.628 millones fijados en febrero. Esta cantidad, unida a los recortes desde abril de 2012, eleva el impacto a 540 millones, un 18% menos, según la empresa que preside José Folgado.