El negocio privado de los pisos públicos

Para los inquilinos de los 2.939 pisos en alquiler que el Ivima ha vendido por 201 millones de euros a Azora y al fondo Goldman Sachs, “lo único que cambiará”, según comentaba en sede parlamentaria el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, es que en lugar de a la empresa pública tendrán como nuevo casero a ‘En Casa Cibeles’, y que en los recibos ya no figurará el logotipo del Ivima, sino ‘Yo Vivo’, la nueva marca comercial con la que operará la nueva sociedad.

Pero los inquilinos no se fían. Esta semana, en una asamblea de afectados, nadie dudaba de que el cambio de propiedad acarrearía consecuencias negativas. “Cuando un fondo como este se mete en esto es para ganar dinero, no por beneficencia. Y si han pagado 200 millones querrán sacar mucho más”, era el sentir general.

Para allanar la futura gestión de los nuevos adjudicatarios –cuya escritura de propiedad e inscripción registral se ha demorado por un error tipográfico en el precio de adjudicación, 201.000 euros en lugar de 201 millones–, la Comunidad de Madrid modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública el pasado 18 de julio.

Además de poder ofrecer las viviendas en alquiler con opción a compra a mayores de 35 años, y facilitar la ejecución de la opción a compra con solo un año desde la calificación definitiva (o sea, todas las vendidas por el Ivima a Azora-Goldman Sachs), el decreto modificó el artículo 18 del reglamento, el relativo a la transmisión de las promociones en alquiler a terceros.

“Las viviendas (…) podrán ser enajenadas por sus titulares por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones, con la obligación por parte del nuevo o los nuevos titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones”.

Con posterioridad, en una nota de interpretación del pliego de ventas de las casi 3.000 viviendas del Ivima, la propia Comunidad apuntaba que “no existen limitaciones posteriores a la venta, más allá de las que derivan de la subrogación del adquirente en su condición de arrendador y demás obligaciones derivadas de la calificación de las viviendas. Es decir, podrá el adquirente realizar con posterioridad los negocios jurídicos que estime oportunos”.

Esta nueva redacción del artículo es la que abre un mar de incógnitas sobre lo que pueda suceder a partir de ahora y de las que los afectados se están haciendo eco en las redes sociales y también en la asamblea celebrada el pasado lunes.

“Hay que parar los pies a esta gente ante la situación de indefensión creada, porque Goldman Sachs no adquiere viviendas para ser bondadoso, sino para venderlas al mejor postor en cuanto pueda”, comentaba Antonio Fernández Gordillo, diputado del PSOE en el Parlamento regional.

Fernández Gordillo y Wilfredo Jurado –abogado y exconcejal de Urbanismo en Parla bajo la alcaldía de Tomás Gómez, actual secretario general de los socialistas madrileños– plantearon a los afectados, ante la inminente escritura del cambio de propiedad de sus pisos, demandar por vía penal al Ivima por malversación de fondos públicos. “Los pisos costaron a las arcas públicas más de los 200 millones de la venta”, apuntaba el diputado socialista. Y también una reclamación administrativa para pedir que se pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto por parte de los adjudicatarios al precio pagado por Azora-Goldman Sachs.

Aunque los representantes de PSOE entendieron que recurrir a la vía contencioso-administrativa para revertir los pliegos de la enajenación no era una buena ida, algunos de los afectados apuntaban que no resulta tan descabella, y recordaban lo que ha sucedido con la paralización de los procesos de privatización de varios hospitales.

“A mí me da lo mismo pagar al Ivima o a quien sea, pero sí tener la garantía de que me va a costar lo que me dijeron”, decía uno de los adjudicatarios de una promoción en alquiler con opción a compra en el Ensanche de Vallecas. Argumento criticado por otro afectado, que planteaba el hecho de que, al no ser ya el Ivima el propietario, se acabarían las subvenciones públicas y las reducciones de renta de las que gozan algunos.