Rajoy facilita que los bancos refuercen su capital con unos 28.000 millones

La banca ganará la partida, aunque no logrará todas sus pretensiones. El sector financiero reclamaba que unos 50.000 millones de créditos fiscales y de activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) que ahora están considerados como capital, lo sigan siendo en el futuro, cuando entre en vigor la nueva normativa considerada Basilea III, que obliga a descontarlas de los fondos propios. Los DTA son beneficios fiscales (ahorros de impuestos) a recuperar en el futuro que surgen de operaciones del pasado como pérdidas o provisiones.

El Ministerio de Economía y el de Hacienda preparan una fórmula para que puedan seguir contando como capital, pero harán una rebaja sobre las aspiraciones de los bancos. El Gobierno, de acuerdo con Bruselas y con el FMI, estudia permitir al sector que se anote como capital entre 25.000 y 30.000 millones, según explicaron este martes fuentes del Ejecutivo. Supondrá una inyección de solvencia extra a la banca ante las pruebas europeas.

El Estado afrontaría los créditos fiscales en caso de insolvencia

La cantidad final no se cerrará hasta noviembre y está pendiente de diferentes flecos y operaciones. La fórmula aún no está decidida pero sería una especie de aval del Estado sobre los créditos fiscales.

Los activos fiscales son de diferentes tipos. Algunos surgen de diferencias temporales: las provisiones genéricas y subestándar (para cubrir riesgo de impago de créditos que aún no son morosos) o parte de las que hicieron los bancos con los decretos conocidos como Guindos I y Guindos II, para cubrir los riesgos inmobiliarios, no fueron deducibles en su día y lo serán en el futuro. Un supuesto especial de diferencias temporales son las aportaciones a los fondos de pensiones, donde los más beneficiados son el Santander y el BBVA, con un montante de 5.000 millones, cuyo reconocimiento como capital es uno de los flecos pendientes. También generan créditos fiscales las pérdidas que las entidades registraron los últimos años, que son compensables con los beneficios futuros. Asimismo, son DTA algunas deducciones y ventajas fiscales (por reinversión, doble imposición, incentivos...) que no hayan podido ser utilizadas y sean trasladables a ejercicios futuros. En resumen, son ahorros de impuestos futuros.

El Gobierno aprovecha que Italia ya hizo esta reforma y las autoridades que regulan la solvencia según Basilea III aceptaron como capital los mismos conceptos que ahora reclama la banca española.

España quiere que se transformen obligatoriamente los activos fiscales diferidos en un remedo de crédito fiscal que comprometería como garante al Estado en el caso de insolvencia, liquidación o pérdidas. Es decir, si un banco con créditos fiscales quiebra, el Estado debería poner el capital que representaban esos activos. Esos créditos fiscales no serían responsabilidad de los accionistas. El Estado no verá incrementado su déficit en esos cerca de 30.000 millones de capital fiscal. Solo le afectará en caso de quiebra de la entidad ya que funciona como una especie de aval.

La subasta de Novagalicia Banco estará condicionada por la norma de los créditos fiscales. Es decir, si se aceptan tal y como ahora se está negociando, Novagalicia aportaría 3.500 millones de capital fiscal al banco comprador. Sin embargo, si es el fondo Guggenheim el que lo adquiere, no podrá contar con todo este capital al no ser una entidad financiera y ser muy difícil que la propia entidad logre beneficios suficientes para aprovecharlos.

La gran banca quiere que se apruebe primero la norma de los créditos fiscales y después se subaste Novagalicia. El plazo para presentar las ofertas no vinculantes por NCG se ha ampliado al 8 de noviembre. Según algunas fuentes, ese día se podrían aprobar las normas fiscales de capital en el Consejo de Ministros.

El Gobierno quiere mantener la subasta y las normas al mismo tiempo como un elemento de presión para los bancos. No obstante, es posible que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ofrezca garantías a los posibles compradores si la norma fiscal no está cerrada.

El Ejecutivo no espera que las entidades reclamen dinero por Novagalicia ni pidan Esquemas de Protección de Activos (EPA), un seguro ante posibles créditos morosos. Sus cálculos pasan por recibir ofertas, aunque sean modestas.

La Caixa y el Sabadell son los más beneficiados de la entrada en vigor de esta norma, según diferentes analistas. Bankia también está entre las grandes beneficiadas, después de las grandísimas pérdidas sufridas y las provisiones correspondientes que realizó en 2012. Según sus últimos cálculos, de septiembre, tiene 7.100 millones en créditos fiscales activos.

Los 50.000 millones inicialmente reclamados suponen alrededor del 30% del Core Tier 1, el capital de máxima categoría bajo Basilea III. Es la proporción más alta de toda la banca europea.