Italia retiene el 20% de las transferencias procedentes del extranjero
Intermediarios financieros y bancos están obligados a cobrar automáticamente el impuesto El cliente tiene que declarar el carácter del ingreso si quiere obtener la extención
La última herencia dejada por el Gobierno de Enrico Letta, antes de pasar el testigo a Matteo Renzi, parece no haber suscitado la aprobación de los italianos. El Ejecutivo saliente ha aprobado la introducción de un nuevo impuesto que prevé una retención del 20% sobre las transferencias bancarias procedentes del extranjero. La mesura, del pasado agosto, es efectiva desde el 1 de febrero de 2014 y se basa en el supuesto de que todos los ingresos recibidos del exterior constituyen rentas de capital que engrosan la base imponible. Será el cliente quien tendrá que demostrar lo contrario a través de una declaración en la que especifica el carácter del ingreso.
La retención se aplica a todos los flujos financieros en entrada desde el extranjero que van dirigidos a cuentas bancarias de personas físicas y se realizan a través de un intermediario —como bancos o inmobiliarias—. Empresas y trabajadores autónomos no están sujetos a la normativa, ya que se presume que las transferencias recibidas del exterior proceden de su actividad empresarial. En estos casos los clientes presentarán una autocertificación, posiblemente previa a la operación bancaria, y el intermediario tendrá que transmitir una declaración a Hacienda.
La medida tiene el objetivo de aumentar la capacidad de interceptar capitales que se encuentran ilicitamente en el extranjero
Los demás clientes interesados en obtener la exención deben probar, a su vez, que la conotación de la transferencia tiene carácter patrimonial. En el procedimiento el funcionario bancario tiene un papel fundamental, ya que es quien evalúa la declaración del usuario, y eventualmente ordena la devolución de la cuantía retenida. El contribuyente tiene tiempo hasta el 28 de febrero del año siguiente al cobro del impuesto para solicitar su restitución.
La medida tiene el objetivo de aumentar la capacidad de interceptar capitales que se encuentran ilícitamente en el extranjero. El cobro del impuesto por parte de las arcas del Estado se efectuará el próximo 16 de julio, y reunirá todas las retenciones aplicadas desde la entrada en vigor de la normativa. Después se ingresará el importe cada 16 del mes siguiente a la percepción de la transferencia, a título de depósito, que será devuelto al efectuar la declaración anual de la renta.
La última medida del Gobierno Letta está siendo criticada no solo por los contribuyentes, que a través de la Federconsumatori —asociación que defiende los derechos de los consumidores— ha definido la norma como "un enésimo abuso de poder". También la Comisión Europea y su responsable por la fiscalidad, Algirdas Semeta, han asegurado que averiguarán que la disposición no viole ningún principio básico de la UE, según informa la agencia italiana ANSA. Mientras, en el sitio web change.org está ya en marcha una petición para solicitar la anulación de la medida.
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