La comarca sumergida

El inspector F. G. pasa horas conduciendo por los pueblos de la Vega Baja del Segura, una comarca al sur de Alicante con casi medio millón de habitantes y cuna de la industria del calzado español. Conduce por polígonos industriales y entre las estrechas calles de los cascos antiguos. “Detrás de esa persiana metálica hay un taller ilegal que ya desmontamos. En ese otro vamos a entrar dentro de poco”, señala sin soltar el volante. A veces sigue a furgonetas que reparten el trabajo entre los talleres, o aparca y se pasea frente a las persianas metálicas rastreando el ruido de máquinas de coser. “Cada operación se prepara durante un mes”, asegura.

El miércoles 30 de abril, F. G. y seis hombres de su unidad aparcan frente a un callejón de Callosa de Segura en el que se oculta un taller. Es una pequeña puerta abierta junto a una vivienda con la fachada decorada a base de macetas y estampitas de santos. Con chalecos reflectantes y cámaras de fotos entran a la voz de “Policía de la Generalitat. Esto es una inspección. Dejen sus carnés sobre la máquina”. Las ocho mujeres que cosen zapatos se giran. Una de ellas intenta escapar por la puerta trasera, pero un agente la intercepta y le pide calma: “Señora, no se alarme, que no es una delincuente”. El dueño del taller y su mujer están en la mesa de pegado de suelas. En una vieja radio suena una melodía pegajosa.

Los agentes apuntan los números de bastidor de las máquinas y toman declaración a las mujeres.

Tengo las cervicales molidas de la máquina de coser. Preferiría ser limpiadora”, asegura una aparadora

—¿Tiene contrato?

—No.

—¿Cuánto gana al mes?

—Unos 400 euros.

Son todas españolas, vecinas del pueblo. La mujer que intentó huir cuenta que está cobrando el paro y no quiere perderlo porque el salario es muy bajo. Se dedican a lo que en el sector se conoce como “aparado”, ensamblando en máquinas de coser las piezas troqueladas de cada zapato. Sus sillas están rodeadas de bobinas de hilo y botas sin suelas, abiertas con la lengüeta hacia afuera y el aspecto de enormes orquídeas. Son zapatos de Panter, una empresa local de calzado de seguridad.

Ninguna de las mujeres tiene contrato. Por eso los policías detienen al empresario por un delito contra los trabajadores, aunque no lo lleven a comisaría y simplemente lo citen para dos días después.

—¿Cuál es el nombre de la empresa? —pregunta el inspector.

—No tiene.

Tampoco posee licencia de actividad, ni certificado de instalación eléctrica, seguro, extintores, contrato de retirada de desechos tóxicos… Él no está dado de alta como autónomo.

—¿Hace declaración de la renta?

—No.

Mientras, las mujeres siguen cosiendo. Continúa el traqueteo.

La redada forma parte de la Operación Ecosub que han lanzado la Generalitat de Valencia e Inspección de Trabajo contra la economía sumergida en una región que se caracteriza por dos razones: concentra el 70% de la producción de calzado español y es inmune a la lucha contra el trabajo clandestino,algo que no es mérito escaso en un país en el que 253.000 millones de euros circulan por debajo del radar, según la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha. En el año que lleva en marcha Ecosub se han destapado 44 empresas ilegales. El 60% se dedicaban al calzado, pero también se localizaron talleres de cortado y tintado de pieles en sótanos de chalés, fábricas de escobas en garajes, lavaderos de vehículos en mitad del campo, textiles, muebles… El dinero negro engendra más dinero negro, y precariedad. De los 369 trabajadores fichados en esos talleres clandestinos, 253 estaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social. En una nave de calzado los hombres de F. G. identificaron a 21 mujeres sin contrato; en Elche, un taller-patera chino con un empleado que dormía allí. La operación ha revelado desde negocios diminutos a las poco honrosas actividades de empresarios con afición a pasar los fines de semana bebiendo champán en París y que se plantaban a mitad de los registros policiales con sus equipos de abogados.

Los miembros de la policía inscrita a la autonomía que están agitando la zona llegaron a Elche en mayo del año pasado. Los empresarios del calzado los conocen como “la Fiscalía”. Son dos unidades de 10 agentes procedentes de la Policía Nacional que fueron diseñadas para labores mayormente administrativas, pero que empezaron a moverse ante la gran cantidad de denuncias que les llegaban, principalmente de extrabajadores y de talleres molestos con la competencia desleal de los clandestinos. Al frente de una de las unidades está F. G., con 15 años de experiencia en el departamento de narcóticos. Sus hombres normalmente actúan junto con inspectores de trabajo y dan cuenta de sus hallazgos al Ministerio de Trabajo y las Consejerías valencianas de Industria y Medioambiente.

“En talleres ilegales hemos encontrado zapatos de empresas internacionales que luego en las tiendas cobran a 100 euros el par”, explica el policía. Una portavoz de la fábrica de Panter, a la que pertenecían los pares encontrados en el taller ilegal, explica que ellos solo contratan a proveedores con todos los papeles en orden, con partes de entrada y salida, códigos de barra, cheques… Pero que desconocen si esos proveedores pueden subcontratar parte de su producción. Ese es el problema clásico: en esta pequeña comarca la economía blanca y la negra se funden en un desesperante gris. Y todos lo saben.

Por eso, el día después de que el Gobierno de Rajoy prometiera crear 600.000 empleos en España, el diario alicantino Información abría con el titular “100.796 trabajadores sumergidos en Alicante”. La cifra es el resultado de cruzar los datos de la EPA y las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta cuenta de la vieja revela que Alicante es la provincia de España en la que más trabajadores ocupados no cotizan: uno de cada seis. A 23.000 empleos de distancia se sitúa Valencia, y casi a 50.000, Baleares.

Los cálculos son un indicio de la precariedad laboral, pero tampoco deben tomarse al pie de la letra, porque la ley exonera de cotizar a los autónomos que no lleguen al salario mínimo. En el mundo de la economía informal es imposible moverse con números precisos. La ambigüedad y las dobles contabilidades son la norma, igual que los contratos de jornadas de dos horas que encubren sesiones de 12 en el taller.

En talleres ilegales hemos encontrado zapatos que se venden a 100 euros en tiendas”, explica un policía

Las actuaciones de la policía han amplificado el alcance de la lucha contra el fraude, pero en Alicante ya existían 50 inspectores y subinspectores de Inspección de Trabajo, además de un equipo de cinco funcionarios dedicado en exclusiva a la economía irregular. En 2013 hicieron aflorar 3.945 empleos negros, y este año las cifras van camino de duplicarse. No parece que haya demasiadas razones para ser optimista en esta lucha. En 1986, con la obligación de declarar el IVA, comenzaron los intentos por emerger lo que permanecía sumergido, pero las costumbres son tozudas. A principio de los años ochenta la Consejería de Trabajo del País Valenciano calculaba que un 25% del producto regional bruto procedía del trabajo no legal, exactamente la misma cantidad que apunta este año un informe de Gestha.

Los vaivenes de la industria del calzado local son una cruel metáfora de la evolución del trabajo en España. De una condición casi colonial, el sector ha pasado a levantarse como un peso medio en exportaciones, pero las condiciones de sus trabajadores no siempre han acompañado estos progresos. Mientras la economía nacional despegaba, ellos seguían sin recoger los beneficios; y ahora que se ha desfondado, han vuelto a encajar los golpes más sucios.

Manuel Martínez Valero se llama el estadio del Elche, equipo de fútbol de Primera división. Además de presidente del club, el difunto Martínez fue un empresario que comenzó en las líneas de producción de zapatos. Como él, la mayoría de los empresarios clásicos del calzado se formaron cosiendo zapatos en los alrededores de Elche en los años sesenta, cuando Estados Unidos localizó en aquella zona rural una excelente reserva de mano de obra barata. A partir de ahí fueron surgiendo pequeñas empresas como Kelme o Pikolinos que salieron al mercado extranjero. Desde curtidores a fabricantes de cajas de cartón, en 30 kilómetros a la redonda toda la economía gravitaba alrededor del zapato. Y con la llegada de la democracia incluso creció la conciencia respecto a las malas condiciones laborales, por ejemplo la peligrosidad de las colas que causaban la polineuropatía o polineuritis por N-Hexano, un grisú silencioso que causó la invalidez de decenas de trabajadores que dormían junto a los pegamentos en las mismas habitaciones en que aparaban todo el día.

Para aumentar su competitividad, los empresarios ilicitanos comenzaron en los ochenta a trasladar parte de la producción a Wenzhou, la capital china del calzado. El objetivo era mantener la Vega Baja como centro logístico, de perfeccionamiento del producto, diseño y embalaje, pero pronto se iba a descubrir que aquello de la globalización era un proceso de ida y vuelta. Los empresarios chinos empezaron a instalarse en España para comercializar directamente su producto, que introducían en el país a través del puerto de Valencia, a veces con métodos fiscales poco ortodoxos, como ha recalcado la reciente Operación Heijin de la Policía Nacional contra un industrial chino de la zona que presuntamente logró evadir 103 millones de euros. Los antiguos fabricantes locales comenzaron a venderles a esos nuevos ricos chinos sus naves industriales a precios desorbitados. En Alicante se reproducía el modelo de Prato —la capital del Made in Italy by Chinese, donde el pasado año murieron siete trabajadores que malvivían en semiesclavitud—. Ante los precios asiáticos, los salarios comenzaron a despeñarse. Tanto que el principal polígono de Elche, el Carrús, alcanzó en 2004 un momento de tensión dramático cuando una manifestación de trabajadores del calzado sin empleo incendió dos naves de empresarios chinos.

Fue un drama relativo para un país en la senda del crecimiento. Ahora el Carrús está lleno de naves con letreros chinos que anuncian que los amos del lugar no nacieron en la Vega. Mientras, los trabajadores locales del calzado se comenzaron a recolocar en otros sectores, como la construcción y sus derivados, hasta que incluso se hizo difícil encontrar aparadoras. Durante un tiempo se derivó a un discurso nostálgico, temiendo la desaparición del trabajo tradicional, mientras la industria patria conseguía no perder comba en los mercados, apostando por el diseño y la exportación de calzado de mayor calidad. 2005 fue el primer año en el que Elche contabilizó más trabajadores en el sector servicios que en su industria zapatera. Pero entonces llegó la brutal crisis. Todos esos puestos en el ladrillo, las tiendas o los hoteles de la turística mitad norte de Alicante se esfumaron, y los empleados burlados por la suerte se volvieron hacia los cordones, el olor a cola y la ausencia de contratos.

Martín Carpena, secretario general de la comarca de Vinapoló-Vega Baja, ha visto esta evolución. “Desde 2008 el trabajo en negro ha remontado un 7%. Está claro que esto le interesa a algunos. Quien no cumple con la legislación no necesita irse a China porque ya se ahorra un 30% de gastos malpagando a sus trabajadores y engañando a la Seguridad Social”.

Las condiciones de trabajo para los ilegales no son sencillas. Sus ganancias quedan sujetas a las temporadas de la pasarela internacional. Al principio del invierno se confeccionan zapatos para verano; en verano, para el invierno. El resto del año es un páramo. Un trabajador que no quiere dar su nombre ni revelar el pueblo en el que vive, explica que durante el medio año bueno gana 2.500 euros mensuales, produciendo unos mil pares a la semana. A estos ingresos hay que restarles las colas y la gasolina que gasta yendo a recoger los zapatos y a entregarlos. Tiene 50 años y lleva 15 pegando tacones en un taller en una pequeña nave anexa a su casa. “Cuando terminé el instituto no había más trabajo, así que me metí”. Hasta hace dos años no estaba dado de alta en la Seguridad Social, pero le obligó la presión de las empresas que querían tener todos los papeles en orden para exportar sus productos. ¿Un éxito del sistema? Solo a medias. “Me di de alta de autónomo en la categoría más baja, como limpiador. Pago 70 euros y no me da derecho a nada, pero estoy en regla y le facturo a la empresa una mínima parte de lo que cobro como si le hiciese trabajos de limpieza”. No presenta declaración de la renta y su hijo es quien ingresa el dinero en su cuenta para no atraer la atención de Hacienda.

El taller de este hombre nunca ha pasado una inspección, “ni la pasaría”, explica con una carcajada triste. Utiliza colas que asegura que no son tóxicas, pero solo ventila abriendo la puerta. Su jornada se extiende siete días a la semana de siete de la mañana a once de la noche. “Es muy duro, pero si no lo hago yo lo cogerá otro, y tengo una hipoteca que pagar”.

Javier García Lillo, el secretario general de la Federación de Industrias del calzado Español, representa una industria que en 2012 dio empleo legal a 24.263 personas, con 1.397 empresas y 132,4 millones de zapatos exportados. El suyo es un sector a la defensiva, que se siente atacado al hablar de las aparadoras ilegales. “Los trabajadores deben ser los que denuncien, no nosotros. Si esas empresas no funcionan dentro de la ley, es responsabilidad de la Agencia Tributaria”, empieza la conversación. Luego reclama buena fe a la hora de aproximarse a una industria que presume de vender a 150 países. “Hace 30 años que pedimos al Gobierno que nos declare un sector de temporadas, y eso ayudará a terminar con estas cosas”, explica. Considera que las fábricas ilegales son “casos aislados”, rémoras de un tiempo que se desvanece. “Hemos pasado de zapatos de bajo coste al alto coste. La diferencia está en el diseño y el marketing, no tanto en la fabricación, que es siempre igual de costosa. Esas pequeñas empresas que defraudan son las que continúan ancladas en el pasado, trabajando para terceros porque no aportan valor añadido”.

Valor añadido. El relato de otra aparadora anónima recuerda lo difícil que resulta alcanzarlo. Tiene 55 años y trabaja en el comedor de su casa unas 10 horas al día dándole a la máquina de coser mientras vigila con un ojo el puchero. Sale a la puerta a hacer el pegado porque le tiene respeto a las colas, más incluso que a las vecinas que le puedan denunciar a la Fiscalía. No gana mucho porque no se centra en un solo proceso. “Empiezo el zapato y lo acabo”, cuenta. A la semana termina 150 botines, por 2,60 euros cada uno. “Se paga la faena al mismo precio que hace 15 años. Ahora ya no hay trabajo, y los empresarios solo se lo dan a su fábrica. Lo mío es un favor porque necesito comer”, explica.

Lleva años intentando escapar del sector. Comenzó a los 15. Llegó a cotizar siete años mientras era dependienta y se empleaba en fábricas. Tiene problemas personales y por eso tuvo que volver “obligada” a los zapatos. Tampoco podría hacer otra cosa. “Tengo las cervicales destrozadas de la máquina de coser. Preferiría ser limpiadora”. Las curvas de la vida la han llevado a aceptar con cierto estoicismo la posición que le ha reservado la economía mundial. “Yo misma probé un año a repartir faena. Es más fácil: solo tienes que pasearte, pero no me gustaba porque he sido aparadora y no quiero explotar a otros”. Eso no quiere decir que prefiera quejarse de sus condiciones laborales. Recuerda que es un favor. “Yo lo entiendo. Las empresas no pueden pagar más porque con la competencia global es imposible. Ahí están los chinos, que también andan muertos de hambre. No es culpa de ellos. Ni de nosotros”.