Los consejos de administración deberán aprobar las operaciones con riesgo fiscal

Los administradores de empresas que cotizan en Bolsa deberán aprobar las operaciones tributarias relevantes de sus empresas, según el proyecto de Ley de sociedades de capital y mejora de gobierno corporativo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. De esta forma, Hacienda obligará a los administradores a responsabilizarse de los aspectos fiscales de la compañía frente a los accionistas.

La consecuencia de esta norma es que los consejos de Administración de las sociedades cotizadas ya no podrán alegar que desconocían los detalles sobre determinadas operaciones fiscales que investiga la Agencia Tributaria. Los consejeros no podrán descargarse aduciendo que desconocían la política fiscal o que era responsabilidad de sus asesores. En un caso extremo, los accionistas podrían ir contra el consejo de administración en el caso de que la sociedad cometiera alguna irregularidad tributaria.

El proyecto de Ley obliga a los administradores a aprobar, sin posibilidad de delegar, "la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad", así como "las operaciones de especial trascendencia fiscal". De esta forma, se refuerza la responsabilidad tributaria de los altos ejecutivos. Las medidas de esta norma afectarán al 80% de las sociedades mercantiles españolas, lo que según datos de 2013 suponen unas 977.380 sociedades, según la memoria de la norma que difundió Europa Press.

El artículo 41 del proyecto de Ley enumera cuáles son las "facultades indelegables" del consejo de administración. Entre ellas incluye la siguiente: "La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la junta general". Además, en otro apartado del mismo artículo añade: "La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales...". El proyecto de Ley considera que de ello depende no solo las cuentas financieras , sino también su imagen reputacional, que en muchos casos debe atender no solo a la normativa fiscal nacional sino a la de otras jurisdicciones.

La norma, que será obligatoria para todas las grandes empresas que cotizan en Bolsa, también amplía las funciones de la comisión de auditoria de las compañías. Deberán supervisar la eficacia de los sistemas de control de riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la empresa. De esta forma, se mejoran los sistemas para detectar con más antelación los posibles riesgos tributarios de la compañía. Además, el informe de buen gobierno debe detallar los sistemas de control de riesgos, incluido el fiscal.

Ransés Pérez-Boga, presidente de la organización de inspectores de Hacienda, considera que los miembros de los consejos de administración ya saben que responden por las actuaciones fiscales de la empresa. Recuerda que existe la elevación de la responsabilidad y que en caso de que la persona jurídica —la empresa— no responda se permite derivar la responsabilidad contra los administradores. "Es un refuerzo más a la facultad de responsabilidad de los administradores", apunta.

La norma aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros también obliga a las empresas a incluir información sobre las participaciones de empresas en paraísos fiscales, esta facultad no puede ser delegada por los administradores: "La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la sociedad y su grupo".