Fremap carece de “autoridad moral” para despedir por motivos éticos

Los directivos de la mutua de accidentes de trabajo Fremap no tienen “autoridad moral” para despedir a una empleada que incumplió el código ético interno. Una juez de lo social de Madrid ha declarado el despido improcedente al considerar que “dicho código no parece que se aplique en la mutua, pues es un hecho público y publicado que la Intervención General de la Seguridad Social le reclama 43,2 millones por el periodo 2006-2011 atribuyéndole a sus directivos gastos en mariscadas, viajes y demás derroches injustificados e injustificables”, como desveló este diario en junio. El fallo también se asienta en la desproporción entre el castigo aplicado por la empresa y la falta de la empleada.

La sentencia relata las circunstancias del despido. El 18 de julio de 2013, la trabajadora de Fremap N. H. B. se ausentó de la oficina entre las 10.52 y las 13.45. Dijo que iba a hacer unas visitas de trabajo, pero la directora de la oficina descubrió, días después, que no era cierto. Además, el 19 de julio, la empleada pasó 13,3 euros de kilometraje por esas visitas.

La mutua se negó a pagarle ese dinero y avisó a recursos humanos, “que decidió adoptar una medida ejemplarizante y proceder al despido”. A la vista de su código ético, Fremap calificó estos hechos como “falta muy grave con transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza”.

El despido fue recurrido y el pasado 11 de septiembre, la juez de lo social número 7 de Madrid, Inmaculada González de Lara, lo declaró improcedente. La juez considera que es desproporcionado que una trabajadora con 12 años de antigüedad, sin faltas previas en su expediente, sea despedida por ausentarse tres horas “un día que cumplió una jornada de 12 horas”. Y señala que luego resolvió por correo parte del trabajo no realizado. En consecuencia, el fallo ordena readmitir a la trabajadora o indemnizarla con 39.129 euros. Fremap puede recurrirlo, aunque la empresa no quiso aclarar si lo ha hecho.

En su fallo, la juez se detiene en el código ético interno. Según la empresa este es “el primer documento que recibe un empleado al entrar en la compañía”. “

Dicho código —expone la sentencia— no parece que se aplique en la mutua, pues es un hecho público y publicado que la Intervención de la Seguridad Social le reclama 43,2 millones de euros por el periodo 2006-2011, atribuyéndole a sus directivos gastos en mariscadas, viajes, y demás derroches injustificados e injustificables, que de acreditarse serían incompatibles con las prescripciones éticas por las que se dicen regir, por lo que la dirección de la mutua carecería de autoridad moral para aplicar las recomendaciones éticas al resto de empleados”. Sin citarlo, la juez alude al artículo de EL PAÍS del pasado 14 de junio en el que se detallaban los gatos excesivos que la Intervención había hallado en Fremap.

Las mutuas son asociaciones de empresarios tuteladas por el Ministerio de Empleo que gestionan cotizaciones de la Seguridad Social para atender, principalmente, accidentes y bajas laborales. Los miembros de sus juntas directivas no pueden percibir sueldos pero sí dietas. En concreto, en Fremap cobran 800 euros por reunión, lo máximo que marca la norma. No obstante, en marzo de 2010, justo un mes después de que la Seguridad Social aprobara y publicara ese tope la junta acordó concederse unas dietas de 2.000 euros por encuentro, más 600 por desplazamiento si se celebraba fuera de Madrid.

Fremap es la mayor mutua y maneja al año unos 2.000 millones de dinero público. Está presidida desde hace nueve años por Mariano de Diego, un ganadero salmantino experto en vacas charolesas que, además, preside la patronal de mutuas. “No tengo nada que valorar”, afirmó el viernes. Entre los 16 vocales están José de la Cavada, ex director de Relaciones Laborales de la CEOE, Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Federación Española de Autónomos, o el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Durante años estuvo en la junta Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los responsables de las tarjetas black de Bankia, y que gastó con la que le asignaron 484.200 euros.

Entre los 43,2 millones de gastos indebidos que reclama la Seguridad Social, hay dietas por 15.820 euros que los miembros de la junta por una reunión en Sevilla. Para esa cita, los directivos viajaron entre el 25 y el 27 de noviembre de 2011. Además de la reunión, el programa de actividades incluyó: comida en el resturante La Isla, visita a la plaza de toros de La Maestranza, tardelibre para ir al spa del Hotel de los Toreros (establecimiento de cinco estrellas donde se alojaban), visita guiada a la Catedral y la Giralda, comida en el restaurante Egaña Oriza, visita a los Reales Alcázares, cena con chaqueta y corbata en el restaurante Abades Triana, visita a la Basílica de la Macarena y comida en el Palacio de Medinaceli antes de volver en AVE a Madrid el domingo por la tarde.