El “pánico” provocó una fuga de 124 millones en Banco Madrid

El juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid ha decretado el concurso de acreedores de Banco Madrid (filial de la intervenida Banca Privada de Andorra), al considerar que la entidad financiera estaba en riesgo de insolvencia técnica. El auto del juez constata que el Banco Madrid tenía una situación financiera equilibrada, pero que la acusación de blanqueo de capitales y la intervención de la entidad por el Banco de España precipitaron una “situación de pánico” entre los clientes que se apresuraron a retirar fondos por 124 millones de euros en tres días.

Precisamente, ese el argumento que van a utilizar un grupo de clientes y empleados del banco para presentar una denuncia conjunta contra la intervención de la entidad ante la Audiencia Nacional, al considerar que fue la “actuación desproporcionada” del supervisor bancario la que provocó la insolvencia y no la situación del banco, según anunció ayer el bufete Cremades & Calvo-Sotelo que les representará en el proceso.

El auto judicial explica que, según la documentación aportada por el supervisor bancario, “el pánico y desconfianza de los clientes de la entidad” provocó una fuga de depósitos acumulada entre los días 10 y 13 de marzo pasado de 124 millones de euros que, unidas a las órdenes pendientes de ejecución (otros 52,3 millones de euros), y al “riesgo” de que gestoras de fondos pudieran cursar órdenes de retirada de fondos por “un importe cercano a otros 150 millones”, habrían colocado a la entidad “en una situación de tesorería negativa de más de 100 millones de euros”. Así, aunque Banco Madrid pudo hacer frente a todas las retiradas de fondos antes de ser suspendidas sus operaciones, el juez dice que en la hipótesis “de haber proseguido el mismo ritmo de salida de fondos”, se habría quedado sin liquidez, con lo que cabe calificar la situación de insolvencia inminente.

Tras recordar la "situación excepcional" provocada por el anuncio del Departamento del Tesoro de EE UU de que consideraba que su matriz andorrana, Banca Privada d'Andorra (BPA), había colaborado con varias tramas criminales, el juez señala los factores que "precipitaron" esa "situación de pánico". Así, cita la decisión del Banco de España de intervenir la entidad el 10 de marzo, la dimisión en bloque del consejo de administración, el anuncio de apertura de expediente por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), ante la sospecha que varios inversores utilizaban la entidad para el lavado de dinero, así como el posible inicio de actuaciones por la fiscalía.

El auto constata que la entidad gozaba de equilibrio financiero antes de la intervención 

De hecho, el auto, firmado por el juez Carlos Nieto, constata que la entidad gozaba de equilibrio financiero, al superar su activo (1.220 millones euros) a su pasivo (1.090 millones) en 130 millones de euros. La entidad gestionaba 6.000 millones de euros de clientes e inversores a través de 21 oficinas, además de la sede social, según consta en la documentación aportada.

La plantilla de Banco de Madrid, de 300 empleados, y un grupo de 100 clientes e inversores van a presentar una denuncia conjunta contra la orden de intervención del Banco de España. Primero, utilizarán la vía administrativa, mediante un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y, “ante la previsible negativa”, elevarán el caso a instancias judiciales, con un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, según anunció el abogado Javier Cremades.

Siguiendo la argumentación del juez de lo mercantil (aunque en el momento de anunciar la denuncia no se conocía el auto), Cremades indicó que se trata de un caso de “sobreactuación y precipitación del Banco de España, con una intervención desproporcionada que es la que ha provocado la insolvencia del banco al generar una situación de desconfianza y ha hecho inviable sus operaciones”.

Los afectados quieren acceder al texto completo de la resolución que justificó la intervención, porque entienden que no se puede aplicar el argumento del blanqueo de capitales, que tiene otros protocolos de actuación por el regulador. De hecho, recordaron que varias entidades contra las que se han seguido denuncias por blanqueo no fueron intervenidas.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) anunció la pasada semana que próximamente se pondrá en contacto con los clientes del banco para proceder al pago de los importes garantizados “hasta un límite máximo de 100.000 euros por titular de depósito dinerario”. Actualmente en España está cerrada la operativa del banco.

Los afectados piden  que se desbloqueen sus fondos 

Cremades denunció el “corralito” que se ha aplicado y ha impedido acceder a los clientes a sus fondos, y pidió que se restituyan inmediatamente a sus dueños los ahorros depositados, así como el desbloqueo de las operaciones de fondos de inversión y el acceso a las cajas de seguridad. El bloqueo afecta aproximadamente a unos 14.000 clientes con 600 millones en depósitos y a unos 27.000 partícipes de fondos y sociedades de inversión con unos 1.500 millones de euros. “No debería permitirse este tipo de actuaciones en un Estado de derecho y menos aún después de que los poderes públicos vienen de precedentes como Bankia, las preferentes o Gowex”, dijo Cremades.

Varios inversores, fondistas y empleados, presentes en la rueda de prensa, denunciaron su situación de indefensión y, alguno de ellos, señalaron que Banco Madrid “no es solo un banco de ricos ni de gente que blanquea dinero”.

El inicio del proceso concursal implica el cese de los administradores provisionales nombrados por el Banco de España. El juez ha designado como primer administrador concursal a la firma Legal y Económico, a propuesta del FGD y como segundo administrador a la Agencia Tributaria. Los acreedores tienen ahora un mes para poner en conocimiento la existencia de sus créditos.

El FGD solo tendrá que adelantar unos 135 millones para cubrir los 100.000 euros por titular que están asegurados. El resto de los depósitos, sobre un total de 600 millones, quedará pendiente para recuperar con la liquidación.